Roman Storm se enfrenta esta semana a un juicio federal en Estados Unidos, donde los fiscales buscan vincularlo con el Grupo Lazarus de Corea del Norte. La criptocomunidad se cuestiona si un desarrollador debe responder por el uso indebido de su código.
El juicio penal contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, arrancó esta semana en Nueva York con la selección del jurado y declaraciones de apertura que ya han generado tensión en la industria cripto.
Según el informe de Inner City Press desde el Tribunal de Distrito del Distrito Sur, fiscales estadounidenses se enfocaron en conectar a Storm con hackers de Corea del Norte, específicamente el Grupo Lazarus, implicado en el histórico hackeo a Ronin en 2022, y otros proyectos como Bybit, en lo que se considera el mayor hackeo de la industria cripto hasta ahora.
“El acusado se estaba beneficiando de una gigantesca lavadora de dinero sucio”, declaró el Asistente del Fiscal Kevin Mosley. Añadió que Storm tuvo múltiples oportunidades para intervenir, pero eligió continuar. Los fiscales alegan que Tornado Cash fue usado para lavar los 600 millones de dólares robados en ese ataque a Ronin, en clara violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
En respuesta, la defensa de Storm rechazó rotundamente cualquier vinculación directa. Su abogada, Keri Axel, subrayó que Tornado Cash es un “protocolo de privacidad libremente disponible para todos” y que no existe evidencia de que Storm acordara participar en actividades criminales. “Roman no tuvo nada que ver con los hackeos”, aseguró. También comparó el caso con productos que pueden ser mal usados sin implicar a sus creadores, como Signal, el dinero en efectivo o incluso un martillo.
ENTRA A CRYPTO CON CONFIANZALa historia legal de Tornado Cash: del castigo a la reivindicación
Este juicio no ocurre en un vacío. Tornado Cash ha estado en el ojo del huracán desde agosto de 2022, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó el protocolo por facilitar supuestamente el lavado de dinero, incluidos fondos manipulados por hackers norcoreanos.
Esta medida fue rechazada por gran parte de la comunidad cripto. Coin Center, una organización clave en defensa de los derechos digitales, presentó una demanda alegando que sancionar un protocolo autónomo excedía la autoridad legal del gobierno. Según ellos, un protocolo descentralizado no es una entidad legal, ni puede tener intenciones criminales.
El giro llegó este año, cuando el Departamento del Tesoro revocó las sanciones. La decisión cambió por completo el panorama regulatorio y Coin Center celebró el retiro como una victoria para la privacidad, la innovación y el respeto por el código abierto.
Privacidad vs control: el debate detrás del caso Tornado Cash
El caso Tornado Cash no solo se trata de Storm. Representa el enfrentamiento entre dos visiones: una que exige control y sanciones frente al mal uso de tecnologías, y otra que defiende la neutralidad del código como una herramienta sin intenciones propias.
Los defensores de la privacidad señalan que culpar a Tornado Cash por el uso indebido del protocolo es como responsabilizar a los bancos centrales por las operaciones ilícitas que se realicen con el dinero. Argumentan que el código no tiene conciencia ni voluntad, y que sancionar su existencia o a quienes lo crean vulnera principios constitucionales.
Por su parte, el gobierno busca demostrar que Storm no fue solo un desarrollador pasivo, sino un facilitador consciente. En las audiencias, los fiscales objetaron dos veces las declaraciones de la defensa, en especial cuando se introdujeron ejemplos hipotéticos sobre la seguridad física de los usuarios.
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El simbolismo detrás del protocolo: libertad, privacidad y resistencia
Con el paso del tiempo, Tornado Cash ha dejado de ser simplemente un protocolo de mezcla de criptomonedas. Para muchos, se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a la extralimitación gubernamental y un ícono en la defensa de la privacidad digital.
La retirada de las sanciones fue celebrada como una prueba de que la presión legal y comunitaria puede marcar la diferencia. Coin Center afirmó que el gobierno evitó defender “una interpretación peligrosamente amplia” de las leyes de sanciones, reconociendo que castigar el código por sí mismo genera un precedente alarmante.
Este episodio ha dejado huella en toda la industria. Ha despertado el interés de desarrolladores, inversionistas y defensores de derechos digitales que ahora ven más clara la necesidad de proteger el desarrollo de herramientas descentralizadas frente a amenazas regulatorias arbitrarias.
Ahora bien, aunque el caso Storm se desarrolla en Estados Unidos, sus implicaciones traspasan fronteras. La manera en que la justicia estadounidense establezca la responsabilidad legal de los protocolos descentralizados podrá influir notablemente en la forma en que otros países regulen estas tecnologías disruptivas. De alguna forma, este caso está poniendo la piedra fundamental para que legisladores alrededor del mundo reflexionen sobre dónde trazar la línea entre la innovación tecnológica y la ley.
El desenlace de este juicio puede revolucionar la relación entre los creadores de tecnología y el sistema legal. ¿Debería un desarrollador ser responsable por el uso indebido de una herramienta abierta y autónoma? ¿O esa postura restringiría injustamente el avance y la innovación en nombre de una seguridad hipotética? Son preguntas cruciales que aún no tienen respuesta, y mientras el proceso legal de Storm sigue su curso y los testigos se preparan para declarar, todo el sector está pendiente del resultado.
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