Kazajistán profundiza la adopción cripto: su banco central quiere una reserva digital estilo EE.UU.

Según declaraciones del gobernador del Banco Nacional de Kazajistán, Timur Suleimenov, el país está explorando estrategias agresivas de inversión que incluyen criptoactivos.

Kazajistán se prepara para dar un giro audaz en su política financiera internacional. El Banco Nacional del país ha confirmado que evalúa incorporar criptoactivos a sus reservas soberanas, siguiendo el ejemplo de fondos como el Global de Pensiones de Noruega y las tenencias digitales del gobierno de Estados Unidos. 

Esta iniciativa, aún en debate, busca diversificar las fuentes de rendimiento y posicionar al país como un referente en innovación financiera dentro de Asia Central.

Kazajistán quiere incorporar criptoactivos para diversificar sus reservas nacionales

Timur Suleimenov, gobernador del banco central, expresó recientemente que la entidad cuenta con una cartera alternativa de reservas de oro y divisas, así como del Fondo Nacional. “En ella aplicamos estrategias agresivas para obtener mayores ingresos por inversión”, explicó durante una conferencia organizada por el FMI. “Analizamos modelos como el noruego, el estadounidense y los de Oriente Medio, que ya invierten directamente en criptoactivos o en ETF vinculados al sector”.

Pero, según las propias declaraciones de Suleimenov, la apuesta kazaja por el mundo cripto va más allá de la inversión institucional. El gobierno está desarrollando una reserva nacional de criptomonedas compuesta por activos digitales incautados por las autoridades, que serán gestionados bajo un marco regulatorio centralizado y transparente. Esta reserva no solo busca proteger el valor de los activos confiscados, sino también convertirlos en una fuente estratégica de riqueza digital para el país. 

Además de esto, Kazajistán explora la integración de la minería de criptomonedas mediante entidades estatales, aprovechando su infraestructura energética y experiencia previa como uno de los principales hubs mineros del mundo. Esta combinación de inversión, regulación y producción posiciona a Kazajistán como un actor emergente en la economía digital global.

¿Por qué la iniciativa digital en Kazajistán puede ser un ejemplo global?

La motivación de Kazajistán para integrar criptoactivos a sus reservas trasciende la simple búsqueda de rentabilidad. El país reconoce que la economía digital será una parte estructural de la riqueza de las naciones durante las próximas décadas. Si los fondos noruegos y estadounidenses han demostrado que es posible reducir riesgos a través de la diversificación global, la inclusión de criptoactivos añade una nueva dimensión a la gestión estatal: la conectividad inmediata con mercados internacionales y la mayor liquidez de activos.

Dicho enfoque otorga a Kazajistán una posición de pionero regional. Mientras muchas naciones aún experimentan con marcos regulatorios o se mueven con cautela en torno a las monedas digitales, el gobierno centroasiático está tomando decisiones orientadas a la acción. Se trata de invertir en Bitcoin, Ethereum o tokens específicos y de diseñar una infraestructura completa para gestionar y custodiar estos activos, siguiendo estándares globales de seguridad y transparencia.

Además, las reservas alternativas permitirán a Kazajistán prepararse frente a escenarios impredecibles en la economía mundial, como crisis inflacionarias, sanciones o guerras comerciales. En suma, la diversificación respaldada por tecnología blockchain promete mayores un manejo más fluido y eficiente de fondos estatales en un mundo cada vez más interconectado.

De activos confiscados a fondo estratégico

Lo que realmente marca la diferencia en el caso de Kazajistán es la decisión de crear una reserva nacional de criptoactivos con activos digitales confiscados. El plan, similar al de Estados Unidos, busca que todas las criptomonedas incautadas por las fuerzas del orden, derivadas de procesos ilícitos, sean canalizadas a una especie de “bóveda digital” gestionada por el Estado.

Según el gobierno, esta iniciativa implica múltiples beneficios. Primero, convierte activos confiscados, que podrían ser un pasivo, en una fuente de ingresos para el país. También permite a Kazajistán experimentar, en la práctica y con fondos reales, las oportunidades y riesgos del sector cripto. Hay precedentes en otros países que han recolectado criptomonedas como multas o sanciones; sin embargo, centralizarlas en un fondo transparente con reglas públicas puede detonar un círculo virtuoso en el que los recursos, antes perdidos en procedimientos judiciales interminables, ahora se reinvierten para el beneficio estatal.

La infraestructura tecnológica destinada a custodiar estos activos será fundamental. Por ello, el Banco Nacional proyecta el diseño de plataformas seguras, auditorías externas y alianzas con actores internacionales especializados en la gestión institucional de criptoactivos, garantizando que todos los procesos sean trazables, confiables y cumplan con los estándares internacionales.

La conexión con la minería de criptomonedas: Estado, empresas y regulación

Una arista estratégica de la transformación financiera en Kazajistán es la relación entre el Estado y la industria de la minería digital. Kazajistán, con abundantes recursos de energía eléctrica y una regulación relativamente amigable para los centros de minado, se ha convertido en uno de los destinos principales para grandes granjas de procesamiento, especialmente tras la migración masiva de mineros desde China debido a las restricciones establecidas en 2021.

El proyecto del Banco Nacional prevé que una parte de las criptomonedas minadas por empresas estatales u operadores bajo concesión estatal también se destine directamente al fondo nacional de criptoactivos, mediante figuras como impuestos especiales o pagos obligatorios. De este modo, el Estado regulará y supervisará la actividad minera, convirtiendo parte de los resultados en recursos directos para el erario. Con esto, fortalecerá el círculo fiscal-cripto y nutrirá la reserva nacional recién creada.

En general, la medida, alineada con la política internacional, busca transformar la minería, frecuentemente criticada por su alto consumo energético y opacidad, en una fuente tangible de ingresos nacionales, basándose en la legalidad, la transparencia y el beneficio colectivo.