El proyecto de ley denominado «Ley de Medidas de Prevención de Lucha contra la Elusión Fiscal» se aprobó este 13 de octubre ante el Consejo de Ministros de España y ahora se presentará ante el Parlamento para su aprobación final. 

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda de España, la ministra María Jesús Montero detalló las nuevas medidas implementadas en España con la aprobación del anteproyecto de la Ley de Medidas de Prevención de Lucha contra la Elusión Fiscal. La nueva ley española busca establecer controles estrictos sobre el uso de efectivo, criptomonedas y sistemas de pagos digitales como una medida para prevenir el fraude fiscal. Ahora los ciudadanos, empresas y compañías de servicios financieros tradicionales o de criptomonedas que operen en o desde España deberán presentar reportes constantes sobre cualquier tipo de actividad comercial relacionada con pagos en efectivo o activos digitales, ya sean adquisiciones, permutas, transferencias, cobros, pagos o envíos de remesa.

Con la aprobación de este nuevo proyecto de ley, los ciudadanos españoles están obligados a reportar cualquier actividad que realicen con Bitcoin y otras criptomonedas, del mismo modo que si utilizan pagos en efectivo. Así mismo, los ciudadanos deberán reportar cualquier tipo de movimiento financiero que realicen dentro o fuera del país. 

Como informó la ministra Montero en su presentación, el gobierno español “no se rendirá ni buscará atajos en su lucha contra el fraude fiscal”, indicando que las políticas y legislaciones existentes serán reforzadas para garantizar el cumplimiento de esta ley. Montero también informó de que uno de los objetivos principales de este proyecto de ley es garantizar la recaudación de 800 millones de euros por cada año fiscal, por lo que esta ley también apunta a reforzar las prácticas de recaudación de impuestos en España. 

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Nuevas limitaciones en los pagos diarios

Además de solicitar a los ciudadanos el informe de sus actividades y movimientos financieros y garantizar la recaudación de impuestos en el país, la nueva ley también impone nuevas limitaciones sobre la cantidad de dinero que los ciudadanos pueden utilizar diariamente. 

Como una forma de incrementar el control sobre las transacciones que ocurren con dinero en efectivo, criptomonedas y activos digitales en España, este proyecto de ley establece limitaciones para los pagos diarios, pasando de un monto de 2.500 euros a únicamente 1.000 euros entre profesionales y empresarios. Los pagos diarios en efectivo entre particulares se mantienen en una cifra de 2.500 euros, y los pagos entre particulares con domicilio fiscal fuera del país se reducen a 10.000 euros, ya que el gobierno considera que estos son más difíciles de rastrear y, por ende, pueden favorecer el fraude fiscal. Anteriormente el límite de pagos en efectivo para particulares con domicilio fiscal fuera de España se ubicaba en los 15.000 euros. 

Ampliación de lista de deudores tributarios

Así mismo, este proyecto de ley amplía la lista de deudores tributarios del estado, anexando a todos aquellos que posean deudas de más de 600.000 euros, cuando anteriormente solo se incluían aquellos con deudas superiores al millón de euros. 

La Ley de Medidas de Prevención de Lucha contra la Elusión Fiscal también elimina las amnistías fiscales, como una forma de acabar con el privilegio que beneficia a grandes patrimonios, y prohíbe el uso de softwares para la elaboración de doble contabilidad entre las compañías y empresas que prestan servicios en o desde el país. Las compañías que se dediquen al diseño y creación de estos softwares también serán sancionadas. Todas estas medidas están impuestas como una forma de garantizar que el estado genere 800 millones de euros en recaudación fiscal anual. 

Especial atención para las criptomonedas y los sistemas digitales en España

En sus declaraciones, Montero también destacó que esta nueva ley pone el foco sobre las compañías de servicios digitales, prestando especial atención sobre quienes trabajan con estos servicios y cualquier otro sector tecnológico, lo que pone en evidencia que las intenciones del estado no son únicamente las de controlar compañías de servicios financieros, sino también las FinTech y otras más. Además, todos los ciudadanos españoles están obligados a informar al Estado sobre sus tenencias en criptomonedas y las operaciones y transacciones que realicen con ellas, sin importar si mantienen sus tenencias dentro o fuera de España.

La Ley de Medidas de Prevención de Lucha contra la Elusión Fiscal está en debate desde 2018. Hasta ahora, España ha adoptado un entorno regulador bastante estricto respecto a las criptomonedas y los activos digitales. 

No obstante, la nación recientemente aprobó un nuevo proyecto de ley busca la transformación digital del actual sistema financiero y una compañía de servicios descentralizados entregó 1 euro en Bitcoin a cada uno de los miembros del Congreso de España, como una forma de concienciar a los legisladores sobre el potencial de esta criptomoneda y de la tecnología blockchain. El Banco de España, por su parte, presentó un informe donde plantea los pros y los contras de emitir una moneda digital del banco central (CBDC) y en el país se dará inicio a las pruebas piloto sobre el criptoeuro en conjunto con gigantes bancarios como BBVA, Santander, Caixa Bank o Bankia, entre otros. 

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