Continuando con nuestras entrevistas semanales, el equipo de Bit2Me realizó un encuentro virtual con la reconocida fiscalista y abogada española Cristina Carrascosa; quien nos contó sobre la importancia que tiene Bitcoin y la tecnología blockchain dentro del sector fiscal.
Cristina Carrascosa cuenta con una Licenciatura en Derecho de la Universidad de Valencia, y se ha especializado en derecho tecnológico con un interesante enfoque hacia las criptomonedas y la tecnología blockchain. Además Carrascosa cuenta con varias maestrías y especializaciones en Finanzas, Derecho Corporativo y Tecnologías de la Información; siendo esta última la que la llevó a introducirse en el ecosistema cripto.
A la fecha, Cristina Carrascosa es una apasionada de Bitcoin y la tecnología blockchain; además es especialista en ICOs y coautora del libro “Blockchain: La Revolución Industrial”.
Así mismo, durante este encuentro virtual estuvieron presentes el Director Comercial y CSO de Bit2Me, Javier Pastor, y el Director de Relaciones Públicas y Redes Sociales, Giovanny Montealegre. Ambos, de la mano con Cristina Carrascosa nos invitan a conocer la unión de estos dos mundos: Bitcoin y la fiscalidad; que aunque pueden parecer bastante diferentes, guardan una importante relación entre sí. Entonces, quédate con nosotros y conoce de primera mano la importancia actual del derecho y las legislaciones dentro del ecosistema Bitcoin y la tecnología Blockchain.
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Cristina nos habla un poco sobre cómo conoció Bitcoin y por qué la cautivó esta tecnología
Fue a mediados de 2012 cuando Cristina Carrascosa supo de Bitcoin por primera vez. Cristina nos cuenta que trabajaba en un despacho de abogados para aquel entonces y que debía escribir un post para el blog de tecnología que manejaba; por lo que buscando información para escribir su artículo, dio con Bitcoin por primera vez. Al leer sobre la tecnología, no la entendió del todo, pero sí supo que se trataba de algo muy interesante e innovador; así, después de escribir su artículo, siguió interesada en conocer más acerca de Bitcoin.
Esta curiosidad, nos cuenta Cristina, la llevó a contactarse con varias personas relacionadas con el ecosistema Bitcoin y la tecnología blockchain.
“Me interesé tanto que aparte de escribir el post, comencé a contactar por LinkedIn. Porque para ese entonces en España no había forma de contactar tanto a la personas que hicieran cosas con Bitcoin, sino era un poco buscando por foros y cosas así”.
Y fue entonces a partir de allí que comenzó a invertir en la tecnología. Al principio las inversiones fueron “irrisorias” para ver cómo funcionaba la tecnología y conocer de primera mano de qué se trataba Bitcoin. Un conocimiento que la llevó a sumergirse poco a poco en este ecosistema; donde actualmente se desempeña como colaboradora en proyectos criptográficos de gran importancia y relevancia para la comunidad.
Fiscalidad y criptomonedas en España
“Está en el espíritu y no en la forma de la ley, lo que mantiene a la justicia junta”.
Con esta frase, Cristina nos explica que su labor como abogada ha sido el de poder visualizar el espíritu de las leyes y normativas vigentes en el país para aplicarlas en casos específicos que aún no son regulados bajo ninguna legislación.
En su amplia experiencia como abogada, Cristina Carrascosa conoce que la principal función de las leyes es el de vigilar y proteger valores que son diferentes para cada sociedad. Por ejemplo, en España la fiscalidad cuenta con un espíritu estricto y proteccionista hacia la Hacienda Pública; pero de igual forma permite la evaluación e implementación de nuevos proyectos sin salirse de los márgenes de las leyes actuales.
Actualmente en España no existen legislaciones que regulen a Bitcoin y otras criptomonedas; sino más bien que existen normativas aplicables que funcionan para el control de actividades que vinculan criptoactivos. En este sentido, Cristina nos cuenta que la Quinta Directiva (AMLD5) es una regulación europea destinada a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas. Una directiva que es aplicable para las compañías y organizaciones que presten servicios financieros digitales con criptomonedas. Por ejemplo, los exchanges, los servicios de wallets y otros, deben someterse a la aplicación de esta ley para brindar sus servicios; no porque esta ley regule a las criptomonedas, sino porque lo hace en base a la actividad que están ejerciendo.
Así mismo, Cristina nos cuenta que existe un proyecto de ley en estudio orientado a prevenir el fraude fiscal. Un proyecto de ley que sí incluye la regulación de todo tipo de criptoactivos y actividades y servicios relacionados con ellos, pero que se trata de un proyecto no aprobado aún.
¿Cómo se regulan las actividades con criptomonedas en España?
La AMLD5, que entró en vigencia en el mes de febrero, pauta las normas mínimas que cada miembro estado de la Unión Europea debe adaptar a sus legislaciones internas para evitar la realización de actividades ilícitas. En este sentido Cristina Carrascosa nos explica que estas normativas se aplican en función de las actividades que cada organización o usuario realice; y no disponen de una aplicación en base a las criptomonedas o al uso de la tecnología blockchain.
“Las directivas europeas son un tipo de norma que se dictan, como su nombre indica en la Unión Europea, pero que hasta que cada estado miembro no la traduce a una ley interna, no está en vigor. Es decir, no está vigente”.
En este sentido, hasta que cada país miembro de la Unión Europea no adopte y traduzca en una ley propia estas directivas, un servicio de exchange o wallet de criptomonedas no puede ser juzgado o sancionado en base a las regulaciones que impone esa ley. Así, aunque la AMLD5 está en vigor desde el mes de febrero, en el derecho español aún no se ha definido qué requerimientos va a exigir la nación. En referencia a esto, Cristina nos explica que:
“La directiva lo que establece son los mínimos; a partir de allí los estados miembros pueden incrementar los requisitos exigidos”.
Así mismo, Cristina señala que en la definición de las condiciones y directivas que serán establecidas en la leyes de cada estado miembro, tienen mayor influencia los intereses políticos, que los intereses de las instituciones que van a aplicar y hacer cumplir esas leyes.
Visión de España y Europa frente a las criptomonedas y la tecnología blockchain
Cristina Carrascosa como parte del grupo de trabajo del Observatorio Blockchain cumple la función de analizar varios sectores dentro del ecosistema criptográfico para evaluar el desarrollo y la tendencia de estos sectores hacia la tecnología. Así, Cristina nos explica que esta es una función que realiza para que la Comisión Europea pueda determinar qué legislaciones necesitan establecer o no.
En base a esto, Cristina opina que son acciones muy sensatas que pueden permitir que las leyes vigentes se puedan adaptar a los ecosistemas criptográficos. O, en su defecto, que estas acciones permitan establecer normativas nuevas para temas concretos y muy específicos.
“La Comisión (Europea) quiere informarse antes, bien, teóricamente en cómo funciona esto. Y en la práctica porque el grupo de trabajo (del Observatorio Blockchain) tiene un grupo de trabajo de perfiles legales como el mío, pero luego tiene un grupo de desarrolladores; entonces tiene las dos visiones”.
Así mismo, desde otro punto de vista, Cristina nos explica que en España la funcionalidad y la adaptabilidad de las legislaciones es muy distinta a la de la Comisión Europea. Cristina considera que España no está interesada en conocer cómo funciona la tecnología blockchain o Bitcoin; sino más bien que está centrada en hacer una persecución agresiva del fraude fiscal y de la recaudación de impuestos.
Por este motivo, es poco probable que en España se implementen normativas enfocadas a entender o mejorar los servicios que se ofrecen a través de la tecnología blockchain y las criptomonedas.
Por el contrario, en España se espera la implementación de legislaciones controladoras que imponen la responsabilidad de control sobre terceros; como los servicios de exchanges y wallets que deben informar al estado de los movimientos y operaciones que realicen los usuarios para evitar ser sancionados.
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