Bitcoin bajo vigilancia de EE. UU. y Reino Unido: sancionan una red que operaba con BTC robado

Bitcoin bajo vigilancia de EE. UU. y Reino Unido: sancionan una red que operaba con BTC robado

Estados Unidos incautó otros 127.271 BTC en una operación internacional contra el criptofraude. El caso podría redefinir el uso estatal de activos digitales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció esta semana la incautación de 127.271 bitcoins, valorados en más de 15.000 millones de dólares, en una operación conjunta con el Tesoro estadounidense y autoridades británicas. 

Se trata de una de las mayores confiscaciones de activos digitales en la historia, y el epicentro del caso es Chen Zhi, un empresario chino radicado en Camboya, acusado de liderar una red internacional de estafas con criptomonedas, lavado de dinero y explotación laboral.

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Prince Group y el ‘modus operandi’ de las matanzas de cerdos

La investigación de las autoridades, que se extendió durante varios años, logró vincular al conglomerado Prince Group —dirigido por Chen— con campañas masivas de fraude conocidas como “matanzas de cerdos”, una modalidad que combina la manipulación emocional con las estafas financieras y el trabajo forzado. 

Según el Departamento de Justicia, Chen enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado internacional de capitales, con una pena máxima de 40 años de prisión. Su nombre ahora ha sido incluido en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y el grupo empresarial fue designado como Organización Criminal Transnacional.

La operación también alcanzó al Grupo Huione, un conglomerado financiero con sede en Phnom Penh, señalado por facilitar el movimiento de más de 4.000 millones de dólares entre 2021 y 2025, incluyendo fondos vinculados a fraudes con criptomonedas y piratería informática norcoreana. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) aplicó sanciones bajo la Sección 311, aislando a Huione del sistema bancario estadounidense.

¿Qué hará Estados Unidos con los bitcoins incautados?

La magnitud de esta nueva incautación ha reactivado el debate sobre el destino de los activos digitales confiscados por el Estado. Según los informes, el gobierno estadounidense ya inició el proceso legal para asumir la propiedad de los BTC mediante decomiso penal. Si esta petición prospera, los fondos pasarán oficialmente al Tesoro, que supervisa las tenencias cripto del país.

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La senadora Cynthia Lummis, una de las principales impulsoras de la adopción institucional de Bitcoin en el Congreso, propuso que los BTC incautados se integren a la reserva estratégica de Bitcoin promovida por el presidente Donald Trump. No hay que olvidar que en marzo, Trump firmó una orden ejecutiva para establecer dicha reserva, y en julio el Tesoro presentó una evaluación sobre las tenencias federales, aunque sin revelar cifras. De acuerdo con Arkham Intelligence, Estados Unidos ya posee unos 22.000 millones de dólares en Bitcoin, distribuidos en billeteras controladas por las agencias federales. La nueva incautación elevaría significativamente ese total.

Lummis celebró la acción del Departamento de Justicia como una oportunidad para transformar el producto del delito en valor nacional. “Convertir el producto del delito en activos que fortalezcan la reserva estratégica de Bitcoin de Estados Unidos demuestra cómo una política inteligente puede generar valor duradero”, escribió en su cuenta de X.

Sin embargo, otros expertos advierten que el proceso judicial podría extenderse durante años. Scott Johnsson, abogado especializado en finanzas y capital de riesgo, señaló que una parte de los BTC podría destinarse a compensar a las víctimas, aunque el gobierno probablemente retenga la mayoría. 

Las criptomonedas ayudan a desarticular redes criminales pese a la inacción estatal

La operación en cuestión marca un esfuerzo coordinado entre Washington y Londres para sancionar simultáneamente a individuos, empresas pantalla y activos digitales vinculados a redes criminales. El Reino Unido congeló bienes inmuebles y activos relacionados con Chen Zhi por cientos de millones de libras, en lo que representa la primera acción conjunta de este tipo contra una red de fraude con criptomonedas.

No obstante, la situación en Camboya complica el avance judicial. Chen Zhi sigue prófugo en ese país, y el gobierno camboyano ha declarado que no existen investigaciones internas en curso. Phnom Penh ha manifestado que solo cooperará si se presentan pruebas sólidas, pero hasta ahora no ha tomado medidas restrictivas contra el empresario. Chen mantiene vínculos estrechos con la élite política local, ha recibido honores oficiales y ha participado en actos gubernamentales de alto nivel, lo que reduce las probabilidades de extradición.

Pero, a pesar de los obstáculos, la tecnología blockchain ha demostrado ser una herramienta eficaz para rastrear el flujo de fondos ilícitos. Aunque las criptomonedas ofrecen cierto grado de privacidad, la trazabilidad de las transacciones en redes públicas como Bitcoin permite a las autoridades seguir el rastro del dinero con precisión. Por ello, este caso refuerza el argumento de que los activos digitales, lejos de ser un refugio opaco, pueden convertirse en aliados estratégicos para combatir el crimen financiero.

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Un nuevo capítulo en la gestión estatal de criptoactivos

La incautación de más de 127.000 BTC no solo representa un golpe contundente contra una red criminal, sino que también abre un debate sobre el papel del Estado en la gestión de activos digitales. Con una reserva potencial que supera los 36.000 millones de dólares, Estados Unidos se posiciona como uno de los mayores tenedores institucionales de Bitcoin en el mundo.

La decisión sobre qué hacer con los fondos confiscados —si destinarlos a compensar víctimas o integrarlos a su reserva estratégica— tendrá implicaciones políticas, económicas y regulatorias. Mientras tanto, el caso Chen Zhi subraya la importancia de la cooperación internacional, la aplicación rigurosa de normas KYC/AML y el uso inteligente de la tecnología blockchain para fortalecer la transparencia financiera.