El Reino Unido incautó 61.000 BTC vinculados a Zhimin Qian, quien llevó a cabo un fraude masivo en China.
El pasado mes de septiembre, un tribunal de Londres escuchó la confesión de Zhimin Qian, una mujer de origen chino acusada de haber orquestado una de las mayores estafas de inversión de la última década.
Entre 2014 y 2017, Qian, apodada “la diosa de la riqueza”, prometió retornos imposibles a miles de inversores en China. Cuando el esquema colapsó, convirtió los fondos en Bitcoin y huyó al Reino Unido con documentos falsos. Sin embargo, lo que parecía un fraude más en la larga lista de esquemas Ponzi, se transformó en un caso histórico cuando la policía británica descubrió 61.000 BTC almacenados en dispositivos digitales.
La magnitud de la incautación, valorada en más de 5.000 millones de dólares al momento de la sentencia y cercana a los 7.000 millones de dólares, según el precio actual de Bitcoin, de 114.800 dólares por unidad, convirtió al caso en la mayor operación de recuperación de criptomonedas en la historia del Reino Unido.
Pero, más allá de lo sorprendente de estas cifras, el proceso judicial está abriendo un debate sobre la capacidad de los gobiernos para gestionar activos digitales en un marco legal aún en construcción.
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El caso de Qian comenzó como una promesa de riqueza fácil en China. Más de 128.000 inversores fueron seducidos por rendimientos “garantizados” que, en realidad, escondían un esquema fraudulento. Cuando el castillo de naipes se vino abajo, Qian transformó el dinero obtenido en Bitcoin y lo envió al extranjero, aprovechando la capacidad de esta criptomoneda para transferir grandes sumas sin pasar por el sistema bancario tradicional. Sin embargo, lo que no previó fue que el mismo recurso que usó para escapar terminó siendo la pista que la delató.
La tecnología blockchain, esa base de datos pública e inalterable que sustenta las criptomonedas, se convirtió en la aliada de las autoridades británicas. Aunque las autoridades no han dado detalles específicos sobre cómo dieron con el paradero de Qian, la es bien sabido que la tecnología blockchain puede ayudar a las autoridades a seguir el rastro del dinero digital hasta su origen.
El diseño de esta tecnología pudo ayudar a la policía de Londres a seguir a Qian durante meses, derivando en su arresto y en la incautación de 61.000 bitcoins, consolidando el caso como uno de los decomisos más grandes en la historia del Reino Unido y un momento decisivo en la lucha contra el fraude financiero en la era digital.
Ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, Qian se declaró culpable de posesión y transferencia de bienes criminales. Aunque el fraude original, cometido en China, no fue juzgado directamente en Londres, su confesión permitió dar un paso clave en el proceso judicial. Ahora, el caso entra en una nueva etapa: un juicio civil previsto para enero de 2026 determinará si los fondos deben devolverse a las víctimas chinas o si el Reino Unido podrá retener una parte de ellos.
Accede al mundo cripto con respaldo y confianza en Bit2MeEl dilema de los 61.000 BTC incautados en Reino Unido
El gobierno británico enfrenta ahora un dilema complejo tras el arresto e incautación de bitcoins a Zhimin Qian. Según reportes de The Guardian y Bloomberg, las autoridades pretenden conservar la mayor parte de los bitcoins incautados, mientras los procedimientos civiles determinan cuánto debe devolverse a las víctimas. La decisión no es menor: se trata de un volumen de activos digitales que supera las reservas de Bitcoin de muchos fondos institucionales y que podría convertirse en una herramienta estratégica para el Estado.
Fuente: Bitcoin Treasuries
Algunas asociaciones de la industria cripto en Reino Unido han sugerido que los fondos podrían servir como base de una reserva estratégica de criptomonedas, un movimiento que colocaría al país en una posición singular dentro del ecosistema financiero global. Otros, en cambio, advierten que retener los activos podría dañar la confianza internacional y sentar un precedente problemático en materia de cooperación judicial.
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El desenlace del juicio civil de enero de 2026 será seguido de cerca por gobiernos, reguladores y actores del mercado. Si Londres decide devolver la totalidad de los fondos, se reforzará la idea de que la cooperación internacional es posible en el ámbito cripto. Si, en cambio, conserva una parte significativa, se abrirá un debate sobre la soberanía financiera y el uso estatal de activos digitales incautados.
Más allá de la disputa legal, el caso Qian demuestra que la transparencia y trazabilidad de la blockchain son aliadas de la justicia. A diferencia de otros activos, Bitcoin y las criptomonedas pueden permitir a las autoridades reconstruir el recorrido del dinero y asegurar su custodia. Por ello, este caso en particular refuerza la percepción de que las criptomonedas, lejos de ser un refugio opaco para el crimen, pueden usarse como un instrumento eficaz y poderoso para combatirlo.
Asimismo, la noticia de la incautación y del proceso judicial ha generado especulación sobre el destino de los 61.000 BTC. Si el Reino Unido decide liquidar parte de ellos, podría influir en la liquidez y en el precio de BTC. En cambio, si opta por mantenerlos como parte de su reserva estratégica, enviaría una señal de confianza institucional hacia Bitcoin y el mundo cripto, con posibles repercusiones en la adopción global.
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