El Congreso de los Estados Unidos aprobó recientemente la polémica Ley de Infraestructura de $1,2 billones, que tendrá implicaciones en la criptoindustria.
La Ley de Infraestructura, la legislación que recién fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, entrará en vigencia en 2023, trayendo consigo grandes implicaciones para los participantes de la criptoindustria. A través de esta ley, el gobierno estadounidense planea recaudar 1,2 billones de dólares durante la próxima década, para invertir en su infraestructura a nivel nacional.
Como ha explicado Bit2Me News, la Ley de Infraestructura ha causado bastante polémica en la criptoindustria por su intención de reforzar la fiscalidad sobre las criptomonedas y los activos digitales. De hecho, con esta ley, Estados Unidos planea recaudar unos 28.000 millones de dólares en impuestos provenientes de la criptoindustria.
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Ley de Infraestructura y criptoindustria
La Ley de Infraestructura fue aprobada con 228 votos a favor y 206 votos en contra, el pasado viernes por la tarde. La mayoría del Congreso optó por favorecer el plan fiscal de la actual administración estadounidense para mejorar la infraestructura del país. Ahora bien, esta ley trae consigo grandes implicaciones fiscales para la industria de las criptomonedas. En primer lugar, la Ley de Infraestructura impone obligaciones fiscales para los corredores de criptomonedas; un término que ha sido fuertemente debatido y criticado por su amplitud.
En Estados Unidos, los corredores de criptomonedas, como las casas de intercambio, custodios, intermediarios y demás proveedores de servicios relacionados con estos criptoactivos, estarán sujetos a la presentación de informes fiscales y a la declaración de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Exchanges y empresas de comercio de criptoactivos
Al momento de redactar la Ley de Infraestructura, los legisladores modificaron el término “corredor”, definido por el IRS, para introducir a las empresas que comercien con activos digitales, como los exchanges. No obstante, aunque el Departamento del Tesoro aclaró que el término “corredor” no se interpretará de manera que incluya a las entidades no custodias, varios legisladores y la criptocomunidad temen que la ley si pueda incluir a los no custodios, como los desarrolladores de software, mineros y validadores de criptomonedas en las obligaciones fiscales impuestas.
Las compañías de servicios en criptomonedas y los exchanges estarán sujetos a informar sobre las operaciones de sus clientes que superen los 10.000 dólares. La presentación de informes incluye el formulario 1099, por lo que las entidades custodias deberán recabar información personal de sus clientes y usuarios, como nombres, número de seguro social, entre otros, si las operaciones que realicen superan el límite establecido por ley.
Minimizar la brecha fiscal
Con la reciente ley, los reguladores y el IRS buscan minimizar la brecha fiscal actual. Según Chuck Rettig, comisionado del IRS, las criptomonedas ha hecho crecer la brecha fiscal en el país, al favorecer la evasión de impuestos con su anonimato. La reciente ley es aprobada en medio de un sorprendente y exponencial crecimiento para la criptoindustria, tanto en términos de adopción como en valor. A la fecha de esta edición, el mercado de las criptomonedas supera los 2,98 billones de dólares; con Bitcoin a la vanguardia, con un valor superior a los 61.000 dólares por BTC.
Las criptomonedas llegaron para quedarse
Por otro lado, aunque la recién aprobada Ley de Infraestructura puede traer consigo grandes riesgos para los participantes de la criptoindustria, su aprobación también significa que el gobierno estadounidense está aceptando que las criptomonedas llegaron para quedarse. Recordemos que el plan del gobierno es recaudar unos 28.000 millones de dólares de las criptomonedas durante los próximos 10 años. Así, es de suponer que el gobierno acepta la existencia y permanencia de las criptomonedas en el tiempo.
Una ley riesgosa para la industria y DeFi
Antes de su aprobación, un grupo de congresistas, entre ellos Cynthia Lummis, Pat Toomey y Rob Portman, presentaron propuestas de enmiendas para limitar el ámbito de aplicación de la presente ley a los actores sin custodia. Sin embargo, las enmiendas presentadas fueron rechazadas y la ley fue aprobada por el Senado y, recientemente por el Congreso, en su formato original.
Las propuestas de enmiendas presentadas buscaban proteger a los no custodios de requisitos fiscales que serían poco realistas e imposibles de cumplir, en caso de ser exigidos. En el ecosistema DeFi, que podría no quedar exento de la aplicación de esta ley, los requisito serían imposibles de cumplir debido a que las transacciones ocurren de igual a igual (P2P) y con un alto grado de descentralización.
Kristin Smith, directora de la Blockchain Association, aseguró en agosto que la aprobación de la Ley de Infraestructura podría degradar el liderazgo de los Estados Unidos sobre la criptoindustria y obligar la expulsión de sus participantes hacia jurisdicciones más amigables. Así mismo, los representantes de importantes compañías de criptomonedas en el país, están disponiendo de sus equipos legales para estudiar a profundidad la reciente ley, y conocer cuáles son todas sus implicaciones de manera específica. El Crypto Council for Innovation dijo a través de Twitter que espera trabajar con los miembros del Congreso prontamente para aclarar la definición de corredor en la recién aprobada ley, que carece de claridad.
La criptocomunidad ya ha comenzado a pronunciar su rechazo hacia la mencionada ley, a la que llaman inconstitucional y antiamericana, por violar los derechos de privacidad y libertad financiera de sus ciudadanos. “Es absolutamente vergonzoso ver esto”, son algunos de los comentarios que se leen en el criptotwitter.
Con la aprobación de la Ley de Infraestructura por el Senado y el Congreso, se espera por la promulgación del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que la mencionada ley sea oficializada en el país.
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