La Casa Blanca evalúa permitir al IRS acceder a datos de billeteras cripto en el extranjero, para alinear a Estados Unidos con los estándares globales de la OCDE para 2027.
La administración estadounidense está avanzando hacia la fiscalización global de los activos digitales. Informes recientes indican que la Casa Blanca ha iniciado la revisión formal de una propuesta del Departamento del Tesoro que podría transformar radicalmente la privacidad financiera de los inversores en criptomonedas.
De acuerdo con lo informado por Bloomberg Tax, el objetivo de esta normativa es otorgar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) la capacidad de acceder a la información de cuentas y billeteras digitales que los contribuyentes estadounidenses mantienen fuera del país.
Si esta propuesta llega a implementarse, representaría un cambio estratégico importante en la forma en que los contribuyentes informan a las autoridades federales. Hasta ahora, la declaración de criptoactivos fuera de Estados Unidos dependía mayormente de la buena fe y el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Pero el nuevo marco regulatorio buscaría imponer obligaciones de reporte más estrictas, que obligarían a los custodios internacionales a compartir directamente los datos con las autoridades fiscales estadounidenses.
La propuesta regulatoria en cuestión está siendo analizada en la actualidad por la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA), y, de ser aprobada, estaría cerrando una de las lagunas fiscales más relevantes, que hasta ahora ha permitido a ciertos tenedores de criptomonedas mantener su patrimonio digital en jurisdicciones extranjeras para evadir el escrutinio del IRS, según el informe.
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está dando pasos firmes para alinear al país con un esfuerzo global que busca revolucionar la forma en que se reportan las transacciones con criptoactivos a nivel internacional. Esta iniciativa forma parte del Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF), impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que pretende establecer un sistema eficiente y automático para el intercambio de información fiscal entre países.
Según lo informado, el CARF propone un esquema donde la información sobre movimientos y saldos de criptoactivos se comparte de manera continua y estandarizada, eliminando la necesidad de esperar investigaciones específicas por evasión fiscal para acceder a estos datos. Así, los países conectados podrán supervisar las operaciones digitales en tiempo real y con mayor transparencia.
Bloomberg Tax informó que, a la fecha, un número creciente de naciones, entre las que se encuentran economías clave como Francia, Reino Unido, Japón, Singapur y Emiratos Árabes Unidos, ya han mostrado un fuerte compromiso con este acuerdo.
Ahora, Washington busca asegurar que Estados Unidos se integre completamente a esta red antes de su puesta en marcha en 2027. Para el inversor común, esto implica que el anonimato fiscal que ofrecían muchas plataformas offshore está a punto de desaparecer, transformando el panorama de supervisión y cumplimiento tributario en el ecosistema cripto.
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Para llevar a cabo esta fiscalización, las autoridades han optado por trasladar herramientas consolidadas del sistema bancario convencional, diseñadas para garantizar cumplimiento sin crear procesos nuevos complicados. Expertos en materia fiscal y reportes especializados señalan que la base de esta propuesta es la estructura de la ley FATCA, que desde hace más de diez años ha requerido a instituciones financieras globales reportar las cuentas de ciudadanos estadounidenses, bajo estrictas penalizaciones si no cumplen.
La nueva regulación extiende este enfoque a proveedores de servicios vinculados a activos digitales como exchanges, custodios y billeteras fuera de Estados Unidos, obligándolos a identificar a usuarios estadounidenses y compartir con el IRS detalles sobre sus activos digitales.
El borrador revisado recientemente en la Casa Blanca se articula dentro de la sección 6045 del código tributario y, aunque aún está en etapa de evaluación regulatoria, su avance indica que la fiscalización de las criptomonedas se está consolidando como una política pública con proyección a largo plazo, más allá de cambios en la administración.
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La revisión realizada por la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios representa, en la mayoría de los casos, la etapa final antes de que una regulación sea oficialmente publicada. Aunque aún faltan definir aspectos técnicos específicos, como los límites para los reportes y los tiempos establecidos para los custodios, la dirección general de esta regulación parece estar claramente definida.
Según los expertos, este escenario impulsa al ecosistema de las criptomonedas a dar un salto hacia una profesionalización necesaria. La integración de los activos digitales dentro del sistema financiero tradicional y regulado es un paso inevitable para consolidar su presencia y confianza. Hoy, la transparencia se establece como el requisito fundamental para cualquier operación, no solo dentro de Estados Unidos, sino también en el ámbito global.
Por ello, este avance fiscal refleja cómo el mercado cripto podría adaptarse y consolidarse bajo un marco regulatorio que garantice seguridad, confianza y cumplimiento. En otras palabras, la regulación se convierte en una pieza clave para que el mercado evolucione y se integre en un espacio más profesional y sostenible.
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