Golpe a la privacidad en Bitcoin: EE.UU. condena al cofundador de Samourai Wallet

William Hill ha sido condenado a cuatro años de cárcel por cargos de lavado de dinero en Samourai Wallet. El fallo reaviva el debate sobre la privacidad financiera en el mundo de las criptomonedas y la responsabilidad de los desarrolladores de código abierto. 

La tensión histórica entre la privacidad financiera y la vigilancia estatal ha sumado un nuevo capítulo judicial en los tribunales de Nueva York. El pasado 19 de noviembre, William «Bill» Hill, cofundador de la plataforma Samourai Wallet, fue sentenciado a cuatro años de prisión. La condena, reportada inicialmente por el periodista Frank Corva, marca un punto crítico en la ofensiva de las autoridades estadounidenses contra las herramientas que permiten el anonimato en las transacciones de criptomonedas.

El dilema de la privacidad en Bitcoin: el juicio a los creadores de Samourai Wallet

Hill, un desarrollador de 67 años recientemente diagnosticado con autismo, se declaró culpable en julio de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. 

Según los documentos presentados en el Distrito Sur de Nueva York, la plataforma que creó junto a Keonne Rodriguez, quien también recibió una pena de cinco años a principios de este mes, procesó transacciones por valor de 2.000 millones de dólares entre 2017 y 2019. De esa cifra masiva, la fiscalía logró vincular 237 millones de dólares directamente con ingresos procedentes de mercados de la darknet, esquemas de fraude y operaciones de hackers.

El caso ha generado una profunda inquietud porque toca la fibra sensible de la filosofía Bitcoin: la transparencia absoluta de la cadena de bloques frente al derecho a la intimidad del usuario. 

Samourai Wallet no era una simple billetera, sino una herramienta de defensa de la privacidad que utilizaba funciones avanzadas como «Whirlpool» y «Ricochet«. Estos protocolos mezclaban los fondos de múltiples usuarios o añadían transacciones intermedias para romper el vínculo entre el emisor y el receptor, una funcionalidad vital para quienes buscan proteger su historial financiero en un libro contable público, pero que las autoridades catalogaron como un vehículo para la impunidad.

Entre la intención y la innovación en el mundo cripto

Este caso cobra relevancia no solo por la complejidad financiera, sino por la acusación central que pesa sobre sus protagonistas: la intención detrás de sus acciones. 

Los fiscales sostuvieron que Hill y Rodriguez no se limitaron a escribir código neutral. Según la acusación, los fundadores cruzaron la línea ética y legal al promocionar activamente sus servicios en foros de delincuencia cibernética, llegando a reconocer en comunicaciones internas que su modelo de negocio facilitaba el «blanqueo de dinero para Bitcoin». Incluso, se les acusó de instar públicamente a hackers a utilizar sus servicios para limpiar fondos robados.

Sin embargo, sectores de la comunidad cripto y analistas legales advierten sobre el peligroso precedente que esto establece para el desarrollo de software de código abierto. 

Lauren Emily, esposa de Rodriguez, ha destacado en redes sociales cómo la defensa intentó invocar jurisprudencia histórica, como el caso Estados Unidos contra Falcone de 1940. En aquel litigio, la Corte Suprema determinó que vender productos a contrabandistas conocidos —azúcar en tiempos de la Ley Seca— no convertía al vendedor en conspirador, a menos que tuviera una participación en la empresa ilegal.

Bajo esta óptica, muchos defensores de la privacidad argumentan que los desarrolladores de herramientas de privacidad como Samourai no deberían ser penalizados por las acciones de los actores malintencionados que utilizan su tecnología. La condena de Hill, quien mostró remordimiento y cumplirá tres años de libertad supervisada en Lisboa tras su tiempo en prisión, se percibe en estos círculos como un ataque directo a la capacidad de crear software que garantice la privacidad digital.

Un futuro incierto para la privacidad en las criptomonedas

La sentencia ha provocado una ola de reacciones que van desde la resignación hasta el activismo político. Keonne Rodriguez, a través de sus redes sociales, ha hecho un llamado público solicitando un indulto al presidente electo Donald Trump antes de que comience su encarcelamiento en 30 días, bajo la premisa de que «los desarrolladores no deberían ser responsables de las acciones de terceros».

Esta situación se suma a una lista creciente de acciones legales contra figuras prominentes del sector de la privacidad, como los desarrolladores de Tornado Cash y la persecución a fundadores de monedas enfocadas en el anonimato como Monero. Mientras que Bitcoin continúa operando como una red descentralizada y resistente a la censura, el cerco se estrecha sobre los puntos de acceso y las herramientas que permiten interactuar con ella de manera privada.

Para el ecosistema financiero digital, el mensaje del Departamento de Justicia es claro: la creación de tecnología de privacidad conlleva ahora un riesgo legal existencial si las autoridades consideran que facilita la evasión de los controles antilavado. Mientras tanto, la comunidad observa con preocupación cómo se redefinen los límites de la libertad tecnológica en los tribunales, temiendo que la privacidad financiera, un derecho defendido por los pioneros de Bitcoin, se convierta en una actividad de alto riesgo.