El país de la Península Balcánica, Rumania, adoptó la Quinta Directiva Anti-Blanqueo de Capitales (5AMLD) de la Unión Europea (UE) como la primera regulación que establecerá dentro de su territorio en torno a las criptomonedas y otros servicios relacionados con el ecosistema. 

Hasta la fecha, varios países de la Unión Europea (UE) no tienen establecidas normas o legislaciones claras en marco a la regulación de criptomonedas y los servicios relacionados con ellas, como las casas de intercambios o custodia de criptomonedas. No obstante, la UE sentó las bases de las posibles regulaciones y nuevas legislaciones para los estados miembros a través de la denominada Quinta Directiva Anti-Blanqueo de Capitales (5AMLD). A través de esta normativa la UE busca establecer medidas adicionales que permitan mantener un adecuado control sobre las transacciones y movimientos que se realizan con criptoactivos, a fin de garantizar la transparencia y la seguridad de los usuarios que realizan sus transacciones financieras con estos activos digitales. 

No obstante, como nos explicó la experta en fiscalidad y derecho tecnológico, Cristina Carrascosa durante una entrevista con el equipo de Bit2Me, la Quinta Directiva no entra en vigencia hasta que cada uno de los países miembros de la UE la adopten y la traduzcan dentro de sus legislaciones internas. Así, la UE demandó a Rumania, quien estableció la Ley 128/2019 contra el lavado de dinero y las actividades ilícitas, al considerar que incumplía con las bases establecidas en la 5AMLD y no transponer de forma adecuada la normativa, por lo que el país tomó la decisión de adoptar una ordenanza reciente que complementa la Ley 129/2019 y le ayuda a evitar las sanciones impuestas por la UE. 

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¿Qué es la Quinta Directiva – 5AMLD?

La Quinta Directiva Anti-Blanqueo de Capitales (5AMLD) o contra el lavado de dinero es una normativa establecida por la Unión Europea aprobada en 2018 y que entró en vigencia en enero de este año estableciendo las pautas mínimas que los países miembros de la UE deben adoptar en sus legislaciones y normativas para el control de las actividades ilícitas. Aunque no se trata de una ley única para los estados miembros de la UE, la 5AMLD sí establece las bases necesarias contra el lavado de dinero que cada uno de los países que conforman la UE deben adaptar dentro sus normativas internas. 

Con la adopción de la 5AMLD por parte de Rumania como su primera regulación para el ecosistema criptográfico, las criptomonedas, las compañías que presten servicios servicios financieros, incluyendo los de exchanges, de wallets, de custodia de criptoactivos y otros más serán reguladas dentro de la nación; por lo que deben contar con la autorización y las licencias necesarias para ofrecer sus productos y servicios dentro del territorio. Así mismo, estas compañías pueden someterse a juicios y sanciones dentro del país balcánico si no cumplen con las nuevas normativas vigentes establecidas.

Implicaciones de la nueva Ley 129/2019 de Rumania

Entre las modificaciones y anexos que se realizaron a la Ley 129/2019 de Rumania destacan las definiciones en cuanto a dinero electrónico y moneda virtual. Según la ordenanza, el dinero electrónico se define como:

“Valor monetario almacenado electrónicamente, incluso magnéticamente, que representa un reclamo sobre el emisor, emitido al recibir fondos con el fin de realizar operaciones de pago y que es aceptado por una persona que no sea el emisor de dinero electrónico”.

Mientras que el concepto de monedas virtuales se define de la forma siguiente:

“Monedas virtuales significa una representación digital del valor que no es emitido o garantizado por un banco central o una autoridad pública, no está necesariamente vinculado a una moneda legalmente establecida y no tiene el estatus legal de moneda o dinero, pero es aceptado por personas físicas o jurídicas como medio de intercambio y puede ser transferido, almacenado y comercializado electrónicamente”.

Aunque parece que las definiciones de dinero electrónico y moneda virtual son bastante similares, a los efectos de la nueva ley, la clasificación de los tipos de dinero, electrónico o virtual, va a depender exclusivamente del modelo de negocio y del papel que desempeñe la moneda dentro de la plataforma o servicio. Así, los usuarios que realicen sus operaciones con criptomonedas, por ejemplo, podrán clasificar sus transferencias como dinero electrónico convertido en monedas virtuales. 

Así mismo, en referencia a los proveedores de servicios criptográficos, la nueva ley se refiere a ellos como:

“Una entidad que proporciona servicios seguros de almacenamiento de claves criptográficas en nombre de sus clientes para la tenencia, almacenamiento y transferencia de moneda virtual”.

Por lo que a efectos de esta ley, todas aquellas empresas o personas jurídicas que deseen prestar sus servicios dentro del país deben registrarse debidamente ante las autoridades competentes y cumplir con las condiciones establecidas para ejercer la actividad cambiaria de forma legal y autorizada.

Aunque parezca que las nuevas regulaciones, no solo de Rumania, sino en general con la Quinta Directiva de la Unión Europea, fomentarán la introducción de nuevas empresas al ecosistema criptográfico, pues establecen regulaciones para la protección y la seguridad de los usuarios, además de la transparencia en todos los procesos propios del ecosistema, la interpretación o adaptación de esas directivas también pueden convertirse en regulaciones severas, que lejos de atraer a más usuarios, empresas e inversores, más bien disolverán cualquier intento de integrarse en este ámbito. 

Ahora sí, hablando concretamente de Rumania, la nueva ley otorgará un plazo de 12 meses, que parece bastante poco, a las compañías de servicios financieros y criptográficos para que realicen sus debidos registros, cumpliendo con todas las normativas establecidas como KYC, AML, entre otras. 

Con la nueva ley, los proveedores de estos servicios deben cumplir con las condiciones impuestas por el país para obtener las licencias requeridas para funcionar dentro de Rumania. Por ejemplo, si la compañía se encuentra fuera de Rumania, entonces está en la obligación de disponer de un representante legal y autorizado que resida dentro del territorio y que pueda realizar los trámites necesarios en nombre de la compañía interesada en todas las instancias, a fin de que la Comisión apruebe la autorización correspondiente. Así mismo, para el funcionamiento de las plataformas digitales de los exchanges o casas de custodia para criptoactivos se necesita contar con una autorización técnica, que certifique a dichas plataformas como apropiadas para el intercambio, almacenamiento o custodia de criptomonedas y otros activos digitales, y que resistirán ante ciberataques, garantizando la seguridad y la propiedad sobre los fondos. 

Por último, en referencia a las nuevas regulaciones basadas en la Quinta Directiva de la UE, varios expertos consideran que muchos usuarios aún no están listos o capacitados para cumplir con todos los requerimientos exigidos por la nueva ley, considerando que en lugar de un auge, lo que puede ocurrir es un declive de intereses al tener que exponerse nuevamente a las intermediaciones de entidades tradicionales y alejarse del concepto propio de lo que significa blockchain y su espíritu de descentralización. Por su parte, la presión que ejerce el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que los países adopten los nuevos estándares regulatorios, también coacciona a los estados miembros a implementar las nuevas directivas, que aunque son de libre interpretación, de no hacerlo enfrentarían una lista negra, exclusión de los planes de inversión y hasta sanciones, como el caso de Rumania. 

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