La Casa Blanca está convocando a banqueros y firmas digitales para desbloquear la regulación de criptomonedas, mientras los mercados evalúan la política monetaria como un factor de ajuste estructural y no direccional.
La administración estadounidense ha decidido intervenir directamente en la fricción existente entre la banca tradicional y el sector de las criptomonedas y activos digitales, para destrabar la legislación pendiente que ha frenado el desarrollo de este mercado durante meses.
En el centro de este debate se encuentra la Ley CLARITY, una propuesta que redefine la manera en que se regulan las criptomonedas y stablecoins y los productos vinculados a activos digitales dentro del sistema financiero.
El borrador actual de este proyecto de ley prohíbe expresamente que los emisores de stablecoins ofrezcan intereses o recompensas a los tenedores de estos activos, una medida diseñada para contener la migración de depósitos fuera del sistema bancario, pero que ha generado gran debate entre las partes interesadas.
Mientras los banqueros defienden la necesidad de preservar la estabilidad del flujo de capitales, los líderes de la industria cripto abogan por normas justas, que fomenten la innovación y no que incentiven la fuga de capitales hacia otras jurisdicciones.
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La disputa actual entre el sistema bancario y la industria cripto gira en torno al control de los incentivos financieros en el mercado de las stablecoins. El borrador de la nueva legislación pretende impedir que los emisores directos de estos activos digitales paguen intereses a sus usuarios, pero el sector bancario advierte que la redacción actual deja un espacio ambiguo que permitiría a intermediarios, como los exchanges, ofrecer rendimientos por cuenta propia. Para los bancos, esa posibilidad representa una amenaza directa a su modelo de negocio, ya que podría desviar una porción significativa de los depósitos que hoy sostienen su liquidez.
Un informe de Standard Chartered refuerza esa preocupación al proyectar que, para 2028, las stablecoins podrían absorber hasta 500.000 millones de dólares en depósitos que hoy permanecen dentro del sistema bancario estadounidense. Tal desplazamiento, advierten los prestamistas tradicionales, pondría en riesgo una de sus principales fuentes de financiación barata y, en el largo plazo, podría aumentar la vulnerabilidad del sistema financiero.
Desde el otro lado del debate, las empresas del ecosistema cripto/blockchain defienden su derecho a ofrecer recompensas como una extensión natural de la competencia en un mercado moderno y descentralizado. Consideran que impedir esos rendimientos equivaldría a proteger el dominio de la banca tradicional en perjuicio de la innovación y del propio consumidor, que busca alternativas más eficientes y rentables para gestionar su dinero.
El conflicto legislativo se intensifica porque la ley aprobada el año pasado, la Ley GENIUS, ya establecía algunas restricciones para los emisores de monedas estables, aunque sin cubrir a los intermediarios. Aun así, la presión del sector bancario ha llevado a exigir ajustes más severos que cierren cualquier espacio interpretativo. Las divisiones políticas también han contribuido al estancamiento de este proyecto de ley, especialmente entre los senadores republicanos, que no han logrado consenso para avanzar en la votación del Comité Bancario del Senado.
Para los analistas, el retraso de esa decisión refleja la dificultad de conciliar dos visiones opuestas sobre cómo debe evolucionar el sistema financiero estadounidense en la era digital.
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Según Reuters, la convocatoria del gobierno estadounidense ha sido recibida con cierta esperanza dentro del sector de los activos digitales. El medio informó que, a pesar del ambiente de tensión alrededor del debate regulatorio sobre el proyecto de ley, los principales representantes de la industria cripto ven en este encuentro una oportunidad para reforzar su legitimidad y mantener a Estados Unidos como referente tecnológico a nivel global.
Summer Mersinger, directora ejecutiva de la Blockchain Association, expresó que su equipo se siente satisfecho de participar en el diálogo con los legisladores. También indicó que su meta es avanzar hacia un marco de mercado coherente y estable que permita a las compañías operar con reglas precisas dentro del país, sin depender de jurisdicciones extranjeras.
Desde otra organización clave, Cody Carbone, director ejecutivo de The Digital Chamber, destacó el esfuerzo de la Casa Blanca por reunir a todos los actores en una misma mesa. A su juicio, esa intervención del Ejecutivo se interpreta como un paso necesario para que se equilibren las demandas de seguridad, que plantean los bancos, con la necesidad de mantener la innovación y competitividad del sector digital.
Los observadores del mercado siguen de cerca como se desarrollará esta cumbre y los posibles avances que se logren en torno a la regulación de la custodia y los intereses financieros, ya que ese tema se ha convertido en un punto decisivo dentro del debate por el control del flujo de capital en los próximos años. Aunque las posturas entre el sistema bancario y la industria de los criptoactivos aún mantienen una marcada distancia, existe una coincidencia práctica entre ambos frentes: la ausencia de una normativa federal clara sería el escenario más desfavorable para todos los involucrados.
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El resultado de esta cumbre podría determinar la trayectoria de la innovación financiera en Estados Unidos durante los próximos años. Si se logra un compromiso, la Ley CLARITY tendría el camino despejado para avanzar hacia una votación definitiva, proporcionando el marco regulatorio que las empresas de criptomonedas han exigido durante años y mitigando, al mismo tiempo, los riesgos sistémicos que preocupan a la banca tradicional.
La capacidad de la Casa Blanca para mediar en este conflicto técnico y económico demostrará si es posible integrar la disrupción tecnológica dentro de las instituciones financieras establecidas o si la fricción entre ambos mundos continuará siendo un obstáculo para el desarrollo más amplio del mercado.
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