El gobierno de Estados Unidos ha publicado su plan presupuestario para el año fiscal 2023, indicando que sus normas fiscales serán modernizadas para abordar las criptomonedas y los activos digitales.
El gobierno de los Estados Unidos ha incluido la recaudación fiscal desde las actividades relacionadas a las criptomonedas y los activos digitales en su presupuesto para el año fiscal 2023. De acuerdo al documento, Estados Unidos modernizará sus normas fiscales e incluirá las criptomonedas para recaudar mayores ingresos y reducir su déficit presupuestario.
En el documento, explica la necesidad de superar la recesión económica causada por la pandemia del Covid. Estados Unidos fue uno de los países más golpeados por esta crisis, siendo la región con mayor número de contagios y fallecidos a causa del corona virus.
Con su nuevo plan fiscal, el gobierno del país norteamericano busca reducir los déficits, mejorar la perspectiva fiscal a largo plazo y hacer crecer la economía. Desde la industria de las criptomonedas, Estados Unidos espera generar unos 10.900 millones de dólares durante la próxima década, entre 2023 y 2032, para corregir el déficit actual.
En la sección Mandatory and Receipt Proposals, el plan presupuestario del gobierno de Estados Unidos precisa que incluirá las actividades relacionadas a las criptomonedas y los activos digitales en sus normas fiscales. Además, señala que exigirá a determinados contribuyentes informar sobre sus cuentas y tenencias de criptoactivos en plataformas extranjeras.
Estados Unidos, camino a regular las criptomonedas
El presidente del país, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva a mediados de este mes, ordenando a sus agencias analizar la regulación de las criptomonedas. En dicha orden, señaló que es prioridad para los Estados Unidos promover la creación y desarrollo de un cripto mercado responsable y seguro, que no atente contra la estabilidad financiera del país ni de sus inversores. Además, ordenó estudiar la viabilidad de emitir una CBDC para el dólar.
Estados Unidos también señaló que se enfocará en garantizar la seguridad nacional, combatiendo los delitos financieros y las amenazas cibernéticas en la industria de las criptomonedas. En su plan presupuestario para el año fiscal 2023, indica que dedicará un financiamiento adicional por 52 millones de dólares al Departamento de Justicia (DOJ), para ampliar sus capacidades de investigación y respuesta cibernética, así como las de las divisiones de campo del FBI en todo el país.
La polémica de la Ley de Infraestructura
En 2021, la presentación de la Ley de Infraestructura causó gran debate en la criptocomunidad, al apuntar su plan fiscal hacia actores sin custodia, como los desarrolladores de software, mineros, validadores de nodos y al ecosistema DeFi, con su definición, excesivamente amplia, de “broker” o corredor.
Dicha ley fue aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Biden a finales del año pasado. Los senadores Cynthia Lummis, Rob Portman, Pat Toomey, Mark Warner y Kyrsten Sinema abogaron por una aclaración sobre la definición de bróker ante el Departamento del Tesoro, citando su importancia para no socavar la innovación tecnológica en el país. No obstante, en febrero de este año, el Departamento indicó que los mineros y validadores de nodos no son considerados como brókers a los efectos de esta ley.
Sea como sea, el plan del gobierno estadounidense de incluir los criptoactivos en sus normas fiscales durante los próximos 10 años, puede interpretarse como una clara señal de la madurez que ha ganado la industria y de que el gobierno del país ha aceptado que estos activos digitales llegaron para quedarse.
Recientemente, la secretaria del Tesoro Janet Yellen, conocida por su crítica y estricta posición frente a las criptomonedas, reconoció que existen beneficios en estos activos digitales y que su innovación puede resultar saludable para los sistemas de pagos. En relación al plan presupuestario 2023, el Tesoro publicó un documento titulado «General Explanations of the Administration’s Fiscal Year 2023», en el que propone extender sus informes fiscales a los estadounidenses con tenencias en criptomonedas en el extranjero superiores a los 50.000 dólares.
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