Ernesto Portillo propone una revisión a varios artículos de la Providencia Administrativa que anunció la creación de la Pool de Minería Nacional de Venezuela, para incorporar el sector privado e internacional en este proyecto. 

La noticia de que el gobierno de Venezuela crearía una pool de minería nacional, bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP), preocupó a los miles de ciudadanos que se dedican a esta actividad como una fuente de ingresos. La noticia fue vista, por la gran mayoría, como un intento más del gobierno de centralizar el poder, incluso dentro del espacio cripto. 

Desde el anuncio del Petro, una moneda digital lanzada por el gobierno en 2018 que hasta la fecha cuenta con poca aceptación en el país, hasta su reciente anuncio de crear una pool de minería de carácter nacional, a la que todos los mineros del país deben registrarse para trabajar legalmente en territorio venezolano, son intentos de la administración de Nicolás Maduro por controlar el poder. Aunque, por su parte, hay quienes defienden estas acciones como una forma de evitar futuras sanciones, como las vistas sobre varios exchanges de criptomonedas que dejaron de prestar sus servicios a los venezolanos recientemente.

Una propuesta en beneficio de la cripto comunidad

Ahora bien, las preocupaciones iniciales de los mineros venezolanos se pueden mitigar si el plan propuesto por Ernesto Portillo, CEO y fundador de CriptoJuris Venezuela, se consolida. Portillo, conocido por su experiencia como asesor jurídico en derecho laboral y digital, y defensor de las criptomonedas, la tecnología blockchain y los smart contracts, presentó una propuesta tentadora durante un encuentro virtual llamado “Viernes Criptográfico”; una propuesta que, de aprobarse, beneficiará a toda la cripto comunidad en el país. 

Tras analizar la Providencia Administrativa Nº 084-2020, donde se anunció la creación de la Pool de Minería Nacional de Venezuela, Portillo lanzó una propuesta durante su presentación “Venezuela Seguridad Jurídica para la Minería Digital”, donde plantea que la pool de minería coexista con otras pools de minería del sector privado nacional, e incluso con pools de minería internacionales. De esta manera, se invita al sector privado nacional e internacional a participar en los proyectos criptográficos venezolanos para dar el impulso y favorecer la creación de las condiciones necesarias que garanticen la seguridad jurídica para invertir de nuevo en el país. 

La propuesta de Portillo plantea que el poder de hash rate que acumule Venezuela no sea destinado únicamente a la Pool de Minería Nacional, sino que un porcentaje también se distribuya entre granjas de minería del sector privado, nacionales e internacionales. 

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Un país, una realidad

Venezuela es un país de grandes riquezas que afronta una dura crisis económica y social desde hace varios años. Una crisis que ha obligado a varias compañías y organizaciones a cerrar sus operaciones en el país y a sus ciudadanos a adoptar las criptomonedas como un método eficiente de afrontar la devaluación constante de su moneda nacional, el bolívar. Por lo que la visión de Portillo puede incentivar nuevamente la participación de compañías internacionales, que disponen de grandes capitales, a invertir en el país. 

La providencia publicada por el gobierno no especifica la capacidad de operación de la Pool de Minería Nacional, ni los equipos que tendrá disponible para “acumular un alto poder de procesamiento que agilice la resolución de bloques”. Sin embargo, hay quienes consideran que la idea puede proteger a los mineros venezolanos, que en un futuro pueden ser imposibilitados para acceder a algunas de las pools de minería más reconocidas dentro del mercado de las criptomonedas. 

Cumplimiento de las leyes

Por otra parte, el CEO y fundador de BitData, Juan Blanco, señaló que la existencia de una pool de minería nacional centralizada no es descabellada, siempre y cuando las leyes se cumplan. 

“Me preocupa que se trate de regularizar los procesos y después aparezcan funcionarios que quieran extorsionar a los dueños de las granjas de Minería Digital, quienes están cumpliendo cabalmente las reglas del juego; es decir, lo plasmado en la reciente Providencia y reglamentos futuros”

Blanco, que es partidario del gobierno actual, se pronunció el año pasado como el primer minero de criptomonedas que no se dejó extorsionar por la policía nacional del país. 

Reforma a los artículos Nº 18 y 19

En desacuerdo con Blanco, el CEO de la compañía minera Doctorminer, Theodoro Toukoumidis, señaló que considera la creación de la Pool de Minería Nacional una buena idea, siempre y cuando no se obligue a los mineros a participar en ella. Toukoumidis señaló que no se puede simplemente imponer el uso de una pool de minería ni aplicar sanciones para aquellos que se rehúsan a utilizarla; esto simplemente atenta contra los principios básicos de Bitcoin.

En sintonía con esto, Roberto Hung, otro de los participantes en la conferencia virtual, alega que la blockchain “es toma de decisiones de contenido patrimonial a través de medios de consenso”; por lo que a su juicio, además de Bitcoin, la blockchain incluye muchas otras cosas, como la democracia. Hung enfatiza que la blockchain es consenso, libertad, toma de decisiones y mucho más, y calificó a la Providencia Administrativa Nº 084-2020, como una orden ejecutiva que carece de ley.

“Por naturaleza el poder ejecutivo carece de facultad normativa, es decir, no es ley” 

Por último, Portillo también argumentó que la participación dentro de la pool de minería nacional debe ser de voluntario cumplimiento y no de carácter obligatorio como lo indican los artículos Nº 18 y 19 de la Providencia Administrativa Nº 084-2020, por lo que propone una reforma a estos artículos.

Portillo señaló que Venezuela cumple con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de SUDEBAN, de informar a las entidades bancarias, las actividades que se realizan con criptomonedas. Además, señala que el estado venezolano cuenta con más de 36 normativas relacionadas con el ecosistema criptográfico para incentivar su desarrollo en el país, aunque algunas de estas normas se establecieron con una visión un poco desviada que busca controlar un sector que nació para no ser controlado. 

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