A inicios de mes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) publicó un marco de regulaciones aplicado a las criptomonedas y los activos digitales, que atentan en contra de los derechos de la privacidad digital de los usuarios. 

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos  publicó un documento  titulado Report of the Attorney General’s Cyber Digital Task Force: Cryptocurrency Enforcement Framework, donde expone su posición respecto al uso y aplicación de las criptomonedas y los activos digitales. La entidad afirma que este tipo de activos tienen diferentes usos, incluyendo las actividades ilícitas como el terrorismo, la compra de artículos ilegales, chantajes y extorsiones, criptojacking y el lavado de dinero. Aunque en el documento, la sección de uso ilegales es más corta en comparación con los usos potenciales y benéficos de los activos digitales, el DOJ afirma que lleva varios años estudiando la mejor manera de abordar los problemas asociados al uso ilegal de las criptomonedas. 

Por ello, la entidad difundió un nuevo marco de regulaciones con aplicación a las criptomonedas, incluyendo las de privacidad, en un intento por minimizar los actos ilícitos con activos digitales. La entidad afirma que tiene autoridad para aplicar todo el peso de las leyes y regulaciones sobre empresas que realicen operaciones ilegales con criptomonedas y activos digitales, aún y cuando estas operen desde territorios extranjeros, pero ofrezcan sus servicios a ciudadanos estadounidenses. 

El nuevo marco de aplicación está siendo analizado por varios expertos en el ámbito, quienes comienzan a destacar cómo este atenta contra los derechos de privacidad digital de los usuarios, considerando que las intenciones del DOJ irrumpen contra varios de los principios básicos de la privacidad digital, el anonimato y las actividades civiles. 

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Una amenaza a la privacidad

Marta Belcher, asesora especial del grupo de defensa de los derechos digitales, asegura que el nuevo marco de aplicación es una completa amenaza para los derechos de privacidad digital de los usuarios. 

“Es un completo desastre para la privacidad, el anonimato y las libertades civiles en el espacio de las criptomonedas”.

La especialista afirma que existen muchas preocupaciones en relación a la aplicación del nuevo marco regulatorio para las criptomonedas, haciendo especial énfasis en los intercambios P2P, servicios de mezcladores y en las monedas de privacidad. En su comunicado, el DOJ señaló a Monero (XMR), Zcash (ZEC) y Dash (DASH) como las criptomonedas privadas cuyo uso puede indicar una conducta criminal. 

“El Departamento considera que el uso de AEC (Anonymity Enhanced Cryptocurrencies) es una actividad de alto riesgo que es indicativo de una posible conducta delictiva. Los AEC a menudo se intercambian por otros activos virtuales como Bitcoin. Lo que puede indicar una técnica de estratificación de activos virtuales cruzados para los usuarios que intentan ocultar un comportamiento delictivo”.

Ante las declaraciones del DOJ, Belcher argumenta que pueden haber serias implicaciones tanto para las empresas que prestan servicios relacionados con las criptomonedas, como con los usuarios que se envían y reciben dinero entre sí, a través de estos activos digitales. El marco de aplicación del DOJ señala incluso a los servicios de mezcladores de criptomonedas, empresas de importación de productos, de transmisión y envío de remesas al país, como entidades sujetas a las regulaciones internacionales, como la Ley de Secreto Bancario (BSA)

El “riesgo” de la privacidad en las redes

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las transacciones privadas, que se realizan con criptomonedas de privacidad, permiten que los ciberdelincuentes y otros malos actores cometan sus actos delictivos sin ningún tipo de consecuencias, complicando el trabajo de las autoridades para el rastreo del dinero ilegal y, en muchos casos, imposibilitando su detención y arresto. Estos son los argumentos que presenta la entidad para imponer sus leyes sobre el uso de estos activos. Así mismo, el DOJ, junto a otras entidades gubernamentales de otros países, incluyendo India y Japón, emitió un comunicado para solicitar el acceso de “puerta trasera” a varios servicios de mensajería instantánea, que funciona con cifrado de extremo a extremo, y otros servicios. 

La petición se basa en que la tecnología de cifrado representa un desafío para la seguridad pública de los gobiernos y naciones, por lo que es indispensable que las organizaciones gubernamentales tengan acceso a los distintos contenidos que se publican y comparten a través de internet, de las redes y de los servicios de comunicación cifrados. 

Seguridad pública

Según el comunicado, el DOJ y las fuerzas del orden tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos mediante la investigación y vigilancia de los contenidos que se comparten, enjuiciando a los que cometen delitos y garantizando la protección de los más vulnerables. Además, la entidad afirma que las empresas de tecnología también tienen responsabilidades y deben establecer condiciones de servicio para que los usuarios les otorguen autoridad para actuar en la medida de proteger al público. Con esto, el DOJ alega que las compañías de servicios de cifrado y con activos digitales deben incluir una cláusula que le de la autorización por parte de los usuarios de acceder a la información y los datos que comparten, a fin de evitar que se cometan delitos. 

“El cifrado de un extremo a otro que excluye el acceso legal al contenido de las comunicaciones en cualquier circunstancia afecta directamente estas responsabilidades, creando graves riesgos para la seguridad pública”.

Como se evidencia, el marco de aplicación refleja las intenciones de siempre de los gobiernos por aplicar el peso de la ley sobre cualquier tecnología que permita la realización de transacciones privadas, y les imposibilite vigilar y controlar la forma en la que los ciudadanos usan y gastan su dinero. Belcher aseguró que estos son los mismos argumentos que se han utilizado siempre en contra de la criptografía y el cifrado, y que “provienen exactamente del mismo lugar”.

Intentos por controlar y monitorear a los ciudadanos

Este medio informó en junio que el Senado de los Estados Unidos presentó una propuesta de ley que busca crear una puerta trasera dentro de los sistemas de cifrado, con la finalidad de monitorear y controlar de manera estricta y constante, las actividades digitales cifradas que se realizan en diferentes espacios, incluidas las comunicaciones y las operaciones con criptomonedas.

Así, por los esfuerzos del gobierno estadounidense de controlar a los ciudadanos y obligar a las empresas a colaborar con sus fines, Belcher opina que las acciones del DOJ son una completa afrenta a los derechos de privacidad y libertad civil. La experta en asesoría de derechos digitales considera un derecho inviolable que las personas utilicen intercambios cifrados para realizar sus operaciones y transferencias comerciales, del mismo modo como lo hacen con el dinero en efectivo, sin necesidad de llevar un registro y sin ser cuestionado de tal forma por los gobiernos. 

“Las personas que utilizan estos intercambios tienen la responsabilidad de intercambiar criptomonedas de forma anónima con otros. Decir que no puedo enviarte criptomonedas usando un script, tú y yo no podemos realizar transacciones directamente entre nosotros de manera peer-to-peer sin que los datos sean recopilados en algún lugar por un tercero es una completa afrenta a la privacidad y libertad civil.”

Dinero fíat, el verdadero problema 

En referencia a este tema, un usuario en Twitter publicó, en respuesta a las declaraciones emitidas por el Ministro de Finanzas en Francia, Bruno Le Maire, que el dinero en efectivo si se usa ampliamente para el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilegales sin ningún control por parte de los gobiernos o las autoridades, que buscan imponer sus leyes sobre el uso de criptomonedas. 

Belcher concuerda con esto, afirmando que no se puede culpar a la tecnología, la criptografía o las criptomonedas de los delitos que comentan las personas, aunque destacó que los malos actos si deben ser condenados y procesados en beneficio de toda la sociedad. La experta señaló que el Departamento de Justicia ha llevado docenas de casos de delitos que se cometieron implicando de algún modo a las criptomonedas, incluidos varios casos recientes de alto perfil, pero que no por ello se deben culpar a estos activos digitales. 

“Culpar a las criptomonedas por su uso en delitos no tiene sentido”.

Belcher concluyó que es el dinero en efectivo el que siempre se ha utilizado para facilitar y financiar las actividades ilegales, y no por ello se culpa o se condena al dinero fiat. Por último, Belcher finalizó argumentando que “no culpamos a Ford cuando uno de sus coches se utiliza como vehículo de escape en un robo a un banco”.

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