La SEC publica la lista definitiva: ¿Qué criptoactivos dejan de ser considerados valores?

La SEC está estableciendo una nueva taxonomía de tokens para los criptoactivos, con la que se diferenciará a valores de materias primas digitales para brindar una mayor claridad legal al mercado.

El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Paul S. Atkins, presentó durante la DC Blockchain Summit un marco normativo que busca reordenar el ecosistema digital mediante una taxonomía específica y una interpretación técnica de los contratos de inversión. 

Con esta iniciativa, la agencia separa los activos en categorías claras, distinguiendo entre materias primas digitales, coleccionables, herramientas y stablecoins de pago, las cuales no se consideran valores, frente a los valores digitales o «tokenizados» que sí quedan bajo la supervisión directa de la agencia. 

El objetivo central con el establecimiento de esta taxonomía de tokens es establecer reglas de juego previsibles para que los innovadores puedan captar capital sin la incertidumbre legal que caracterizó los años anteriores. Según las declaraciones de Atkins, este esquema permitirá que la industria opere bajo parámetros conocidos, protegiendo al usuario sin asfixiar la tecnología subyacente.

Claridad legal para un mercado de criptoactivos en evolución

La propuesta presentada por Atkins durante el evento representa un paso importante para redefinir la forma en que se clasifican los criptoactivos. En su nuevo enfoque, el organismo distingue entre aquellos activos cuyo valor surge de su propia función económica y los que dependen de la gestión de terceros. Así, las llamadas materias primas digitales quedan fuera de la categoría de valores, ya que su precio se determina por la interacción natural entre la oferta, la demanda y la programación de su ecosistema.

Este cambio marca un avance significativo para los proyectos que buscan auténtica descentralización y transparencia. Según el documento discutido durante la Cumbre de Blockchain en Washington DC, la SEC también excluyó de la categoría de valores a los coleccionables digitales —como piezas de arte o archivos musicales— y a las herramientas digitales utilizadas para fines prácticos, entre ellas credenciales o insignias de identidad.

Durante la presentación, Atkins subrayó que el mercado ha pasado más de una década esperando una guía clara sobre un punto crucial: en qué momento un activo digital entra bajo las leyes federales de valores. Explicó que la nueva interpretación, sustentada en la legislación existente y en una amplia consulta pública, define cuatro grupos de activos que no se consideran valores. Estos son los bienes digitales, los coleccionables digitales y las herramientas digitales, y, finalmente, las stablecoins de pago reguladas por la Ley GENIUS.

“Con estas categorías establecidas, la interpretación aclara que solo una clase de criptoactivos permanece sujeta a las leyes de valores: los valores digitales, es decir, los valores tradicionales que están tokenizados.”, subrayó Atkins. 

En consecuencia, este marco actualizado ofrece al sector de las criptomonedas y sus participantes un camino más predecible y flexible. 

El presidente de la SEC también aclaró que un activo digital no se considera automáticamente un contrato de inversión de forma permanente, indicando que puede estar sujeto a regulación cuando se comercializa bajo promesas de gestión que buscan generar ganancias, pero esa condición puede desaparecer si el emisor cumple sus compromisos o si el activo demuestra autonomía operativa. En la práctica, esto abre la puerta a que muchos proyectos evolucionen dentro de un marco legal más adaptable y estable, algo que el ecosistema cripto venía reclamando desde hace años.

La SEC redefine el marco para los criptoactivos

La decisión de la SEC de avanzar con una nueva taxonomía coincide con un ajuste más amplio dentro del marco regulatorio financiero de Estados Unidos. La agencia busca modernizar reglas que fueron diseñadas hace más de medio siglo para el mercado accionario tradicional. En ese contexto, propuso una revisión a la Regla 15c2-11, una norma de 1971 creada para frenar el fraude en acciones de bajo valor. Con esta actualización, la Comisión busca aliviar la carga informativa que enfrentan los corredores al tratar con activos que no reflejan participación directa en una empresa.

Según expertos que siguen el debate público abierto por la SEC, esta modificación ofrece un respiro técnico y operativo a los intermediarios que trabajan con criptoactivos. Reducir esas exigencias abre la puerta a una liquidez más amplia y a una relación más fluida entre el ecosistema cripto y el sistema financiero tradicional.

Las nuevas definiciones también clarifican un punto clave: actividades como el minado en redes blockchain, el staking o la creación de activos envueltos no se consideran ofertas de valores. La agencia amplió además esa claridad hacia los llamados “airdrops”, explicando que estas distribuciones no implican una inversión de dinero bajo los criterios del test de Howey. Con ello, se despeja una de las mayores incertidumbres legales que enfrentaban los proyectos en sus etapas iniciales.

Estabilidad y claridad para la innovación financiera

Uno de los puntos más destacados en la nueva arquitectura legal es el tratamiento de las stablecoins de pago. Bajo la Ley GENIUS, la SEC reconoce que estas monedas vinculadas a activos estables no son valores cuando son emitidas por entidades permitidas. Esto despeja el camino para que el uso de activos digitales como medio de intercambio y liquidación de pagos crezca sin las restricciones propias de los instrumentos de inversión. 

De acuerdo con las guías de la Comisión, esta claridad regulatoria es esencial para que las instituciones financieras incorporen tecnología blockchain en sus procesos de pagos transfronterizos y gestión de tesorería, sectores donde la velocidad y la reducción de costos operativos son prioritarios.

La hoja de ruta de la SEC se completa, además, con una propuesta de puerto seguro para innovadores. Este mecanismo permite que los proyectos desarrollen su tecnología durante un periodo determinado mientras cumplen con requisitos de divulgación específicos, antes de ser plenamente clasificados. Esta estrategia busca equilibrar la protección al comprador con la necesidad de permitir que las redes alcancen la madurez técnica necesaria para su funcionamiento descentralizado. 

Al sistematizar estas reglas, el organismo regulador intenta pasar de una etapa de supervisión basada en la sanción a una basada en la norma clara. Los resultados de este cambio de política se verán reflejados en la facilidad con la que nuevos participantes ingresen al sector, sabiendo de antemano bajo qué etiqueta jurídica caen sus activos y qué responsabilidades conlleva su emisión o comercialización.