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Polonia frena MiCA por segunda vez: ¿Por qué el presidente Nawrocki rechaza la regulación cripto?

Polonia frena MiCA por segunda vez: ¿Por qué el presidente Nawrocki rechaza la regulación cripto?

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, vetó nuevamente la ley MiCA, una medida con la que busca un equilibrio que fomente la innovación tecnológica sin imponer controles estatales desproporcionados.

El ecosistema de los activos digitales en Europa se encuentra en un momento de definiciones profundas tras la decisión del presidente de Polonia, Karol Nawrocki, de ejercer por segunda ocasión su derecho al veto frente al proyecto de ley que pretendía implementar el reglamento MiCA en territorio nacional. A juicio de Nawrocki, esta acción legislativa no debe interpretarse como una hostilidad hacia la arquitectura de la cadena de bloques, sino como un desacuerdo fundamental sobre las formas y el alcance de la autoridad estatal sobre la economía digital. 

El mandatario polaco ha mantenido una postura firme hacia este marco regulatorio desde diciembre del año pasado, cuando rechazó la primera propuesta, y ha ratificado su posición esta semana al considerar que el nuevo documento es esencialmente una réplica del anterior, manteniendo los mismos errores conceptuales que, según su visión, podrían asfixiar a las empresas emergentes del sector.

La situación actual coloca a la nación en una posición singular dentro de la Unión Europea, siendo el único estado miembro que aún no ha designado una autoridad competente para supervisar el mercado a pocos meses de que venzan los plazos de transición. 

Mientras tanto, las empresas locales observan con atención un panorama donde la seguridad jurídica se ha vuelto el activo más escaso, obligando a muchos actores del sector a buscar refugio en jurisdicciones vecinas. La narrativa oficial desde la presidencia subraya que el objetivo no es evitar la regulación de las criptomonedas, sino garantizar que esta no se convierta en una barrera infranqueable para los emprendedores polacos que han convertido al país en uno de los centros de adopción tecnológica más dinámicos del continente.

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El desafío de Polonia ante MiCA: proteger derechos sin frenar la innovación

El desacuerdo presidencial en Polonia hacia la versión de MiCA reside en lo que se ha denominado como un exceso de regulación que excede los requisitos mínimos exigidos por Bruselas. 

Según los análisis de la oficina del presidente, el proyecto de ley polaco presentaba una extensión y complejidad muy superior a las leyes minimalistas adoptadas por países como la República Checa o Eslovaquia. El mandatario sostiene que la implementación de MiCA en Polonia no debería ser una excusa para introducir mecanismos de control que pongan en riesgo las libertades civiles o la propiedad digital de los ciudadanos. 

“He vuelto a vetar la ley sobre el mercado de criptomonedas… No firmaré una mala ley solo porque haya sido aprobada de nuevo por mayoría parlamentaria — una mala ley votada incluso cien veces sigue siendo una mala ley”, afirmó el mandatario polaco. 

Uno de los puntos más críticos señalados por las declaraciones de Nawrocki y sus asesores técnicos es la inclusión de facultades administrativas que permitirían el bloqueo de plataformas y dominios de Internet sin una orden judicial previa, una medida que el ejecutivo considera opaca y peligrosa para el desarrollo de la libre empresa.

Asimismo, además de las preocupaciones por la vigilancia, existe un factor de peso económico relacionado con las tasas de supervisión y los costos operativos que la ley pretendía imponer. 

De acuerdo con el criterio presidencial, el esquema financiero planteado en el texto legislativo resultaba punitivo para las pequeñas y medianas empresas, favoreciendo indirectamente a los grandes conglomerados financieros extranjeros que poseen la capacidad de absorber cargas burocráticas pesadas. El presidente ha enfatizado que Polonia necesita un marco legal que actúe como un imán para el talento y el capital, argumentando que una normativa equivocada, aprobada repetidamente por la mayoría parlamentaria, sigue siendo una herramienta ineficiente que terminará por ahuyentar la innovación hacia otros mercados más ágiles y menos restrictivos.

“Polonia debería atraer innovaciones, no expulsarlas. Por eso invito al gobierno a cooperar de forma sustantiva en la preparación de una nueva ley que garantice la seguridad del comercio, la claridad fiscal y las condiciones para el desarrollo de tecnologías modernas.”, sentenció Nawrocki.

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Polonia: un mercado activo sin reglas claras

Pese a las intenciones declaradas por el presidente Nawrocki, la ausencia de una ley de implementación nacional también genera un fenómeno de asimetría regulatoria que afecta directamente la competitividad del sector cripto polaco. 

Los expertos señalan que, mientras que entidades de otros países que ya han obtenido licencias bajo el paraguas de MiCA pueden operar en territorio polaco gracias al pasaporte europeo, las firmas nacidas en Varsovia o Cracovia se encuentran en un limbo que les impide iniciar sus propios procesos de licenciamiento local. Esta desventaja competitiva ha sido advertida por diversos directivos de plataformas de intercambio de activos, quienes señalan que la falta de un interlocutor oficial en el país dificulta la planificación a largo plazo y la expansión internacional de sus servicios.

No obstante, a pesar de este estancamiento, la vitalidad del mercado polaco sigue siendo notable, con estimaciones que sugieren que una parte significativa de la población ya interactúa con activos digitales de forma cotidiana. 

Este interés social presiona a los legisladores para encontrar un punto medio que satisfaga tanto las exigencias de seguridad nacional como la necesidad de proteger la libertad económica. En este contexto, el debate ha trascendido lo técnico para tocar fibras sensibles sobre la soberanía digital y el rol que debe jugar el Estado en un entorno financiero que es, por naturaleza, global y descentralizado. 

La resistencia del presidente Nawrocki a la regulación en los términos actuales busca asegurar que el país no pierda su posición privilegiada como líder en número de entidades registradas en el sector de servicios de activos virtuales.

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