
La hegemonía de China en la fabricación de infraestructura para la minería de Bitcoin tiene los días contados, según la nueva hoja de ruta del Senado de los Estados Unidos.
Con la presentación de la Ley Mined in America (Mined in America Act), los senadores Bill Cassidy y Cynthia Lummis han revelado un plan estratégico diseñado para repatriar la producción de hardware crítico y eliminar la influencia de naciones extranjeras en la red de activos digitales.
Ambos senadores aseguran que esta legislación no solo busca incentivar la manufactura doméstica de chips y equipos de minería digital, sino que establece un cordón de seguridad para la Reserva Estratégica de Bitcoin, vinculando la soberanía financiera de Estados Unidos directamente con su capacidad industrial.
Opera con Bitcoin en Bit2MeMined in America: EE. UU. busca independencia tecnológica en Bitcoin
Actualmente, aunque Estados Unidos lidera la red Bitcoin en potencia de procesamiento o hashrate global, con aproximadamente un 38% del poder computacional de la blockchain en su territorio, existe una vulnerabilidad técnica crítica según los legisladores: el 97% del hardware que sostiene esa operación de minería digital proviene de fabricantes extranjeros, predominantemente de empresas chinas como Bitmain y MicroBT.
Basándose en lo anterior, se presenta el proyecto regulatorio Mined in America Act como una solución que ataca frontalmente esta disparidad mediante la creación de la certificación voluntaria “Mined in America”.
Para obtener este sello, los legisladores proponen que las instalaciones de minería y los pools deberán demostrar que no operan con hardware vinculado a «adversarios extranjeros».
El proyecto de ley ordena al Departamento de Comercio y al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) colaborar con fabricantes locales para desarrollar mineros de Bitcoin altamente eficientes y seguros. Al fomentar la creación de chips ASIC fabricados en suelo estadounidense, el gobierno busca asegurar que la columna vertebral de la red blockchain más robusta de la industria no pueda ser saboteada por interrupciones en la cadena de suministro o por presiones geopolíticas externas.
«El presidente Trump se comprometió a convertir a Estados Unidos en la capital mundial de los activos digitales, y no vamos a echar atrás. La Ley Mined in America trae a esta industria a casa gracias a iniciativas visionarias para asegurar nuestro futuro financiero. Me enorgullece unirme al senador Cassidy para asegurar que el futuro de los activos digitales se construya aquí mismo en Estados Unidos.», dijo la senadora Lummis.
Fortalecer la soberanía digital a través de la manufactura nacional
El nuevo plan de EE. UU. establece un mecanismo de incentivos para que las empresas de tecnología trasladen sus líneas de producción a territorio nacional. A través de la Asociación de Extensión de Manufactura (MEP), se brindará apoyo técnico y financiero para escalar la producción de equipos de minería que cumplan con los estándares de seguridad nacional.
Con esta medida, los legisladores buscan que la minería de activos digitales deje de ser vista únicamente como una práctica financiera y se integre como un componente estratégico de la política industrial estadounidense.
Esta propuesta legislativa parte de una premisa contundente: la seguridad de la red Bitcoin es equivalente a la seguridad nacional. Al nacionalizar la producción de los equipos criptomineros, EE. UU. busca prevenir la inserción de vulnerabilidades de hardware y garantizar que el procesamiento de transacciones permanezca bajo estándares transparentes.
En suma, expertos prevén que este movimiento regulatorio puede posicionar a la industria de semiconductores estadounidense en una carrera directa contra el dominio manufacturero asiático, priorizando la resiliencia tecnológica sobre los costos de producción a corto plazo.
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Por otro lado, la Ley Mined in America surge como el eje técnico que sostiene la Reserva Estratégica de Bitcoin impulsada por el presidente Donald Trump.
Según los legisladores, su propósito es, también, que los activos digitales adquiridos o confiscados por el Tesoro se validen, siempre que sea posible, a través de mineros certificados bajo este programa. Con ello, se establece un sistema de valor completamente nacional en el que la producción, validación y resguardo de Bitcoin permanecen dentro del territorio estadounidense. En la práctica, esto significa que el respaldo digital de la economía se construye a partir de infraestructura nacional, con equipos desarrollados y operados por empresas locales.
El proyecto de ley también reconoce la relevancia de estos centros de minería digital en la gestión energética del país. Al funcionar como cargas flexibles, los mineros certificados pueden ajustar su actividad según la demanda eléctrica, convirtiéndose en aliados de la estabilidad de la red. En suma, este enfoque se orienta a integrar plenamente la minería de criptoactivos dentro del sistema energético como un componente estratégico, capaz de responder al equilibrio entre consumo y generación.
Más allá del impacto económico inmediato, la legislación refuerza una visión de soberanía tecnológica y control industrial. Al concentrar dentro de sus fronteras tanto la producción de equipos como el procesamiento de datos, Estados Unidos aspira a liderar no solo el mercado cripto, sino también la infraestructura que lo sustenta. Esta política reafirma la idea de que el dominio del código y del hardware puede definir el rumbo del poder económico global en los próximos años.
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