Alert w Seulu: Trwa śledztwo w sprawie zniknięcia Bitcoina w areszcie policyjnym z powodu możliwego naruszenia bezpieczeństwa wewnętrznego

Niedawna utrata aktywów cyfrowych znajdujących się pod opieką państwa w Korei Południowej ujawniła pilną potrzebę wdrożenia przez rządy protokołów wielopodpisowych i rygorystycznych audytów w celu ochrony rządowej infrastruktury blockchain.

La tecnología blockchain ha demostrado ser uno de los avances más robustos en la historia de la seguridad informática porque ofrece un registro inmutable y transparente de cada movimiento financiero. No obstante, el reciente incidente en la comisaría de Gangnam en Seúl ha puesto de manifiesto una vulnerabilidad que no reside en la red descentralizada, sino en la gestión humana de las llaves que dan acceso a esos activos. 

Las autoridades de Corea del Sur confirmaron que 22 BTC, valorados en aproximadamente 1,5 millones de dólares, desaparecieron recientemente de una zimny portfel que permanecía bajo su resguardo desde 2021. 

Este suceso se suma a una pérdida mayor de 320 BTC en la Fiscalía de Gwangju, lo que eleva el debate sobre cómo los gobiernos deben adaptarse a un entorno donde la seguridad digital depende de protocolos estrictos de gobernanza y no solo de la posesión física de un dispositivo.

Errores humanos y phishing: las lecciones que dejan los casos de Gyeonggi y Gwangju

La investigación interna iniciada por la Agencia Provincial de Policía de Gyeonggi Bukbu arroja luz sobre un problema estructural en el manejo de las pruebas incautadas. El caso de Gangnam es particularmente llamativo porque el dispositivo físico de almacenamiento, una hardware wallet tipo USB diseñada para mantener las claves privadas fuera de internet, permaneció intacto en las instalaciones policiales. 

A pesar de este aislamiento físico, los fondos en Bitcoin almacenados en la cold wallet fueron transferidos a una dirección externa sin que los sistemas de monitoreo detectaran la actividad a tiempo. Según los raporty locales, el movimiento de estos bitcoins ocurrió poco después de que se suspendiera la investigación original hace 5 años, lo que sugiere una posible explotación de credenciales o una implicación interna que las autoridades intentan esclarecer mediante auditorías exhaustivas.

Por otro lado, la situación en la Fiscalía del Distrito de Gwangju muestra una faceta distinta del riesgo operativo al gestionar criptomonedas. 

En agosto de 2025, durante un proceso rutinario de transferencia de 320 BTC vinculados a un caso de apuestas ilegales, un empleado administrativo accedió por error a un sitio de phishing. Este descuido expuso las claves de acceso y permitió que actores externos drenaran los activos digitales. 

Según expertos que han analizado el caso, la falta de mecanismos de verificación cruzada permitió que la pérdida solo fuera detectada meses después, en enero de 2026, durante una revisión nacional de agencias de investigación. Ambos eventos demuestran que, aunque la cadena de bloques es prácticamente impenetrable desde afuera, la interfaz humana que interactúa con ella requiere de una arquitectura de seguridad mucho más sofisticada que la utilizada para activos tradicionales.

Una solución de seguridad gubernamental

La diferencia entre el éxito y el fracaso en la custodia estatal de criptoactivos parece residir en la implementación de esquemas de multifirma o multi-signature. Mientras que en Corea del Sur la merma de activos ha alcanzado niveles críticos, otras jurisdicciones han adoptado modelos de gobernanza delegada que minimizan el error individual. 

El análisis de expertos como Ki Young Ju, director de CryptoQuant, indica que el gobierno coreano ha incautado un total de 2.333 BTC a lo largo de diversas operaciones, pero ha perdido el rastro de 1.742 BTC. Esta cifra representa una pérdida del 75% de los activos bajo custodia, lo cual es una estadística alarmante para cualquier entidad financiera o gubernamental. 

Sieć Bitcoin ofrece trazabilidad total en exploradores de bloques, donde cualquiera puede seguir los movimientos de los fondos en tiempo real. Sin embargo, si una clave privada cae en manos equivocadas por descuido o malicia, no hay forma de revertir la transacción; los bitcoins se van para siempre. Otros países evitan estos tropiezos al usar esquemas de multifirma, donde varias claves deben aprobar cualquier movimiento, junto con gobernanza delegada que reparte la responsabilidad y reduce el riesgo de fallos aislados.

Actualmente, los gobiernos que actúan como custodios efectivos han comenzado a incorporar auditorías constantes y a eliminar accesos individuales a las klucze prywatne de los criptoactivos. De esta manera, buscan hacer de la custodia estatal un proceso robusto, capaz de resistir tanto negligencias como amenazas externas.

Custodia digital: el reto de la justicia moderna

En el terreno de las incautaciones digitales, el riesgo de desvío interno de fondos sigue siendo una amenaza latente, aunque la transparencia de la blockchain termina por sacar a la luz cualquier intento de abuso. En el pasado, casos como el del exagente Shaun Bridges en Estados Unidos dejaron en evidencia cómo incluso figuras con altos cargos pueden caer en la tentación de manipular fondos. 

Bridges, quien formó parte de la investigación del sitio Jedwabny Szlak, admitió haberse apropiado de más de 1.600 bitcoins gracias al acceso privilegiado que tenía dentro de la operación. A partir de episodios como ese, las principales potencias occidentales reforzaron sus estructuras legales y tecnológicas para garantizar que los activos incautados sean resguardados en entornos digitales de máxima seguridad.

La reciente situación en Seúl vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de repensar cómo las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley manejan los activos digitales. La blockchain brinda ventajas que superan por mucho a los sistemas financieros tradicionales, ya que permite establecer reglas automatizadas para los movimientos de fondos y exigir la validación de múltiples firmas distribuidas en distintas ubicaciones. 

El verdadero reto, sin embargo, no se encuentra en la tecnología, sino en la capacidad de los gobiernos para adaptar sus procesos al nivel de complejidad que implica la custodia digital. Modernizar la justicia significa formar equipos preparados para operar en un entorno donde la información y el valor circulan en códigos. Cuidar estos bienes requiere conocimiento técnico, rigor ético y una comprensión profunda del nuevo paradigma financiero que la era digital impone.