
Gustavo Petro proyecta convertir el Caribe colombiano en un hub de minería de Bitcoin utilizando excedentes de energías renovables en la región. Conozca los detalles aquí.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó formalmente la posibilidad de convertir a las ciudades de Santa Marta, Riohacha y Barranquilla en centros de minería de Bitcoin.
Esta iniciativa —señalada por muchos como una visión estratégica para impulsar el crecimiento de la región y por otros como una idea sin sentido considerando las condiciones actuales— surge en un momento de tensión climática y económica, donde el mandatario busca alternativas para financiar la transición energética sin depender de combustibles fósiles.
Petro compartió su perspectiva sobre la minería de criptoactivos, citando un reportaje sobre esta actividad en Paraguay y como otros países de la región, especialmente Venezuela, podrían aprovechar su potencial energético para acelerar su crecimiento económico.
El mandatario colombiano identifica en la minería de activos digitales una poderosa herramienta para poder rentabilizar la «energía encerrada» que no logra integrarse al consumo doméstico inmediato. Desde su punto de vista, podría implementarse un modelo de propiedad social donde la comunidad indígena Wayúu participe como socia de los proyectos, transformando la percepción de esta actividad de un fenómeno especulativo a una industria de exportación de energía digital basada en infraestructura técnica de alta densidad.
Opera con Bitcoin hoyMinería de Bitcoin en el Caribe colombiano
Para comprender la base técnica de la propuesta de Petro, es necesario analizar el concepto de Stranded Energy o “energía encerrada”.
Según los datos compartidos por Alesandro Cesere en la publicación que citó Petro, países como Paraguay y Venezuela están demostrando que los excedentes estructurales de energía hidroeléctrica, que no pueden ser transportados a los centros de consumo por limitaciones en la red, encuentran en la minería de Bitcoin un comprador de última instancia.
En este sentido, Paraguay aporta actualmente el 4,3% del hashrate global, que equivale a aproximadamente 43 EH/s, gracias al aprovechamiento de represas como Itaipú. Petro busca replicar esta lógica en el Caribe, donde la intermitencia de las energías renovables suele presentar desafíos para la estabilidad del sistema interconectado nacional.
Bajo esta óptica, los centros de datos de la minería cripto operan como una «carga flexible». Este mecanismo permite que las instalaciones de minería funcionen como consumidores que se desconectan en minutos cuando la demanda de los hogares aumenta, y se activan cuando existe una sobreproducción de energía eólica o solar que de otro modo se perdería.
Como referencia de éxito, empresas como HIVE Digital —que opera 400 MW instalados y 18,87 EH/s en Paraguay— y Penguin ya ejecutan este sistema de curtailment con alta eficiencia.
En Colombia, la implementación de esta tecnología permitiría estabilizar la red eléctrica de la región costera, monetizando recursos naturales que actualmente carecen de infraestructura de transmisión suficiente para llegar al interior del país.
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Sin embargo, el éxito de este ambicioso plan no está exento de obstáculos, pues el entorno de la minería de activos digitales atraviesa una fase de sofisticación técnica que aleja al sector del arbitraje sencillo.
El reporte citado por el mandatario colombiano subraya que en Paraguay las tarifas eléctricas para esta industria subieron a un rango de entre $0,05 y $0,06 por kWh, sumado a exigencias de depósitos de garantía millonarios. Pese a estas barreras, el vencimiento de contratos energéticos clave en Paraguay para diciembre de 2027 genera una ventana de oportunidad para que capitales institucionales busquen nuevas jurisdicciones.
Por otro lado, la viabilidad del plan en Colombia enfrenta una fuerte competencia regional, especialmente tras conocerse que Venezuela posee un excedente en el Bajo Caroní de unos 7.500 MW atrapados por falta de líneas de transmisión.
Mientras que sectores de la oposición y críticos del gobierno expresan escepticismo sobre el uso de recursos estatales en activos volátiles, el Ejecutivo insiste en que la clave reside en un marco regulatorio que atraiga a las firmas y en un plan que permita a las comunidades indígenas convertirse en copropietarios de posibles proyectos criptomineros.
Para Petro, el éxito de una iniciativa como esta no solo reside en la conexión técnica de la energía limpia, sino en la validación de un modelo donde el desarrollo tecnológico conviva con la participación económica de las comunidades locales, evitando que el beneficio quede restringido exclusivamente al capital privado internacional.
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