Otro estado de EE.UU. debate integrar Bitcoin en su tesoro estatal para combatir la inflación

Los legisladores de este estado analizan un proyecto de ley para destinar fondos públicos a Bitcoin. La propuesta normativa busca proteger el capital estatal frente a la devaluación monetaria.

En el estado de West Virginia, también conocido como Virginia Occidental, el senador Chris Rose ha introducido formalmente el proyecto de ley SB143 ante la legislatura local con el objetivo de modificar el código legal vigente y autorizar al estado a gestionar una reserva de Bitcoin y otros activos de refugio. La iniciativa busca permitir que la Junta del Tesoro asigne hasta un 10% de sus fondos excedentes en metales preciosos y activos digitales calificados como una medida defensiva frente a la pérdida de poder adquisitivo del dólar.

La propuesta legislativa en cuestión marca un paso audaz en la normalización de las criptomonedas dentro de la administración pública. Según el texto presentado por el senador Rose, la medida conocida como la Ley de Protección contra la Inflación establece criterios muy específicos para los activos digitales elegibles. Por ejemplo, establece que cualquier criptomoneda considerada para la inversión estatal debe tener una capitalización de mercado superior a los 750.000 millones de dólares. 

Considerando este umbral financiero, el estado elimina de facto a la inmensa mayoría de las altcoins y deja a Bitcoin como el único candidato viable —por el momento— que cumpliría con este requisito en 2026.

Seguridad y estabilidad marcan el rumbo de Bitcoin en Virginia Occidental

La redacción del proyecto SB143 no solo se centra en la adquisición de activos, sino que pone un énfasis considerable en la seguridad y la custodia de los fondos públicos. De acuerdo con los documentos legislativos, la tesorería estatal no gestionaría las claves privadas directamente de forma rudimentaria. La ley estipula que cualquier inversión en activos digitales debe mantenerse a través de un custodio calificado o mediante productos cotizados en bolsa que ofrezcan garantías institucionales. Además, se contempla el uso de marcos de custodia segura que cumplan con los estándares federales.

Asimismo, el proyecto también abre la puerta a las monedas estables o stablecoins siempre que cuenten con la aprobación explícita de los reguladores estadounidenses o estatales. Los analistas del sector han interpretado este movimiento como una señal de madurez institucional donde el gobierno reconoce la utilidad de la tecnología blockchain para la eficiencia financiera sin comprometer la seguridad. 

El objetivo principal descrito por los partidarios de la ley es utilizar estos activos como cobertura contra la inflación y no como herramientas para la especulación a corto plazo. Esta visión alinea a Bitcoin con el oro y la plata en su función tradicional de preservación de valor a largo plazo.

Ahora bien, Virginia Occidental no es el único estado que busca integrar el ecosistema cripto en su marco regulatorio. Territorios como Texas y Arizona ya han impulsado proyectos de ley con objetivos parecidos, mientras que New Hampshire logró aprobar normativas que permiten incorporar activos digitales en sus reservas oficiales. Sin embargo, el camino del proyecto liderado por el senador Rose apenas está comenzando. El texto ha sido remitido al Comité de Banca y Seguros, donde enfrentará un proceso de revisión detallado sobre la gestión del riesgo y la volatilidad del mercado antes de poder llegar a votación.

El desafío del Congreso frente a la regulación cripto

Mientras los estados avanzan con sus propias iniciativas el contexto federal presenta un escenario más complejo y pausado que influye directamente en la confianza de los inversores institucionales. Recientemente, el Senado de Estados Unidos decidió posponer la revisión de la Ley CLARITY, una pieza legislativa clave, diseñada para establecer un marco regulatorio integral para los activos digitales y las finanzas descentralizadas. Esta demora ha generado reacciones mixtas entre los líderes de la industria que esperan reglas claras para operar con mayor seguridad jurídica.

Las reacciones ante la propuesta federal no se hicieron esperar y figuras prominentes como Brian Armstrong expresaron su disconformidad con el borrador actual. El empresario manifestó que aprobar la legislación en su estado presente sería perjudicial para el consumidor estadounidense promedio debido a la falta de claridad en temas críticos. Según sus declaraciones públicas, la decisión de retirar el apoyo a esta ley y posponer su revisión permite abrir una ventana de oportunidad para redactar un nuevo borrador que aborde de manera más efectiva las necesidades del mercado y la protección del usuario.

Por otro lado, existen voces divergentes dentro del ecosistema empresarial sobre la regulación federal. Carlos Domingo, quien dirige la firma Securitize, ofreció una perspectiva diferente al señalar que el borrador actual no eliminaba las acciones tokenizadas, sino que simplemente aclaraba su estatus como valores. De acuerdo con su análisis, el debate legislativo y las tensiones actuales son parte de un proceso saludable y necesario para integrar la tecnología blockchain en los mercados de capitales tradicionales. 

Esta disparidad de opiniones a nivel federal resalta la importancia de las iniciativas estatales como la de Virginia Occidental, que buscan avanzar con soluciones pragmáticas mientras Washington define el marco nacional.

Bitcoin gana terreno como activo estratégico en EE. UU.

La posible aprobación del proyecto SB143 en Virginia Occidental enviaría una señal potente a los mercados globales sobre la legitimidad de Bitcoin como activo de reserva soberana. 

Si bien una asignación del 10% puede parecer modesta, en comparación con los volúmenes globales de comercio, su impacto simbólico y político sería considerable al validar la tesis de inversión institucional en criptoactivos desde un ente gubernamental. Los expertos sugieren que este tipo de leyes refuerzan la narrativa de que los activos digitales han trascendido su etapa experimental para convertirse en componentes esenciales de una estrategia financiera moderna y diversificada.

El éxito o fracaso de esta iniciativa dependerá ahora de la capacidad de los legisladores para equilibrar la innovación financiera con la prudencia fiscal. Mientras el debate continúa en el Comité de Banca y Seguros, la atención de la industria permanece fija en Virginia Occidental, esperando ver si el estado se convertirá en el próximo en asegurar su futuro económico apostando por el estándar de las finanzas digitales.