
La AMF de Francia recuerda que el 1 de julio de 2026 es la fecha límite para cumplir con MiCA, exigiendo autorizaciones CASP obligatorias.
El regulador financiero de Francia, la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), ha emitido una notificación formal dirigida a todos los Proveedores de Servicios de Activos Digitales (PSAD) que operan en su territorio. El organismo recordó que el periodo de transición que permite operar bajo el esquema nacional previo finalizará de manera definitiva el 1 de julio de 2026.
A partir de la fecha señalada, la normativa europea Markets in Crypto-Assets (MiCA) será el único marco legal válido. Esta medida busca unificar los criterios de seguridad y transparencia en todo el bloque comunitario, eliminando la fragmentación regulatoria.
La AMF enfatizó que las entidades que no logren la nueva autorización CASP antes del plazo estipulado deberán interrumpir sus actividades comerciales de inmediato para evitar consecuencias legales severas dentro del mercado francés.
Opera cripto bajo el marco MiCA en Bit2MeNueva etapa regulatoria bajo MiCA redefine el mercado cripto francés
Las organizaciones que actualmente prestan servicios de criptoactivos en Francia tienen un cronograma estricto para validar su permanencia en el mercado. La AMF ha sido clara al señalar que el estatus de registro obtenido bajo leyes anteriores no será suficiente después de la fecha límite.
Para continuar operando dentro de este mercado, las empresas deben tramitar la licencia de Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) bajo los estándares de MiCA. El regulador instó a los interesados a presentar sus expedientes con la mayor antelación posible, debido a que el análisis de cumplimiento puede extenderse hasta por 4 meses tras la entrega de la documentación completa.
Para aquellas compañías que prevean la imposibilidad de cumplir con los requisitos técnicos o financieros de la nueva ley, el regulador financiero ha propuesto una salida estructurada. La agencia instó a estos proveedores a iniciar una reducción ordenada de sus negocios antes del 30 de marzo de 2026.
Según la AMF, este proceso tiene como objetivo primordial proteger los fondos y la información de los usuarios, permitiendo que recuperen sus activos o los transfieran a plataformas autorizadas sin contratiempos.
La vigilancia será rigurosa, y el incumplimiento de estos plazos podría derivar en sanciones económicas de hasta 30.000 euros, penas de prisión de hasta 2 años para los responsables, y la inclusión de las plataformas en listas negras con el consecuente bloqueo de sus portales web en Francia.
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El reglamento MiCA representa un avance significativo para el ecosistema financiero europeo, aportando claridad jurídica a un sector que operaba con reglas diversas en cada país. Esta normativa regula la emisión de criptoactivos y la prestación de servicios relacionados, estableciendo obligaciones estrictas de transparencia, gobernanza y custodia.
Al centralizar las reglas de juego, MiCA fomenta un entorno de confianza donde los usuarios cuentan con mayores garantías de protección frente a posibles insolvencias o malas prácticas.
La implementación de este marco legal no solo beneficia a los consumidores, sino que otorga a las empresas autorizadas el denominado «pasaporte europeo». Esto permite que una entidad con licencia en Francia pueda ofrecer sus servicios en los otros 26 Estados miembros de la Unión Europea de forma legítima.
La regulación MiCA clasifica los activos en categorías específicas, como los tokens referenciados a activos o los tokens de dinero electrónico, asegurando que cada uno cuente con el respaldo adecuado. Asimismo, la transparencia en la información pública, mediante la publicación de Libros Blancos o whitepapers obligatorios, es otro de los pilares que busca erradicar la asimetría informativa entre los emisores y los compradores.
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Francia se adapta para un mercado cripto más seguro y transparente
Francia ha consolidado su papel como uno de los países europeos más activos en la integración de los criptoactivos dentro de su sistema financiero. En los últimos años, su gobierno y los organismos reguladores han trabajado para adaptar la legislación nacional a las nuevas directrices de la Unión Europea, buscando equilibrar la innovación con la estabilidad del mercado.
A la fecha, la AMF también ha modificado sus posiciones sobre instrumentos financieros complejos para permitir la comercialización de productos estructurados, como los Exchange Traded Notes (ETN), siempre que cumplan con criterios de liquidez y solvencia. Por ejemplo, para que estos activos sean considerados aptos, deben poseer una capitalización de mercado superior a 10.000 millones de euros y un volumen de negociación diario de al menos 50 millones de euros durante los 30 días previos a su comercialización.
Además, bajo la regulación MiCA, se establece que la custodia de los criptoactivos deberá estar en manos de proveedores autorizados bajo el marco legal, un paso clave para asegurar la transparencia y la protección de los inversores. Esta coordinación entre las normas europeas y las políticas internas refuerza la imagen de Francia como un centro de innovación responsable, abierto a nuevas tecnologías sin descuidar la seguridad del sistema financiero.
En octubre del año pasado, el país dio un paso más al iniciar el debate sobre un borrador de ley que propone la creación de una reserva nacional de Bitcoin, destinada a fortalecer su soberanía digital y diversificar sus activos estratégicos. Esta discusión marca un hito en la manera en que el Estado francés observa las criptomonedas, no solo como un fenómeno tecnológico, sino también como una oportunidad económica y geopolítica.
Mientras el mercado avanza, el regulador planea revisar la efectividad de estas medidas durante el primer semestre de 2027, asegurando que la regulación evolucione junto al mercado. Con este enfoque, Francia busca mantenerse a la vanguardia de la innovación financiera en Europa, combinando visión de futuro con una gestión prudente del riesgo.
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