
Estados Unidos confirma la prohibición de emitir un dólar digital mediante la Ley ROAD to Housing, priorizando la privacidad financiera ciudadana.
Eleanor Terrett, presentadora de Crypto in America, informó recientemente sobre la reaparición de la prohibición de las Monedas Digitales de Banco Central (CBDC) en el marco de la Ley ROAD para la Vivienda del Siglo 21, presentada ante el Comité Bancario del Senado.
Este proyecto de ley, de carácter bipartidista y liderado por los senadores Tim Scott y Elizabeth Warren, incluye una disposición específica que impide a la Reserva Federal (Fed) emitir, de forma directa o indirecta, un dólar digital minorista dirigido a los consumidores. La medida, según Terrett, establece un límite temporal que expira el 31 de diciembre de 2030.
La administración actual ha argumentado que esta cláusula busca evitar que el banco central actúe como intermediario financiero directo con la población, manteniendo el sistema bancario tradicional y protegiendo la autonomía de los usuarios frente a la infraestructura monetaria estatal.
Opera con criptomonedas en Bit2MeUn marco legal que cierra la puerta al dólar digital
La restricción de una CBDC, incorporada en la legislación actual, se mantiene en línea con la política monetaria que impulsa la administración estadounidense.
El 23 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe la creación de una moneda digital de banco central en territorio nacional. Según el comunicado oficial de la Casa Blanca, la medida busca resguardar la libertad individual y evitar riesgos relacionados con la vigilancia financiera.
Trump argumenta que una moneda digital controlada por la Reserva Federal permitiría rastrear con exactitud las transacciones de cada ciudadano, lo que pondría en riesgo la privacidad económica y la libertad financiera. Por lo tanto, la prohibición incluye tanto la emisión directa de una moneda digital para el dólar como de cualquier activo que reproduzca sus características y dependa de la autoridad monetaria del país.
Mientras otras naciones avanzan con rapidez hacia la digitalización de sus divisas, Estados Unidos sigue una ruta de cautela regulatoria. China, por ejemplo, continúa consolidando su posición en el sector con el yuan digital, mientras que Washington prioriza la estabilidad del sistema financiero y la autonomía del sector privado.
De acuerdo con el Atlantic Council, más de 130 países investigan o desarrollan sus propias monedas digitales CBDC, y más de la mitad ya se encuentran en etapas de prueba. Sin embargo, la ley ROAD to Housing publicada recientemente aclara que esta medida no limita las iniciativas privadas que operen con monedas digitales vinculadas al dólar, siempre que respeten la privacidad de sus usuarios en los mismos términos que el dinero en efectivo.
Crea tu cuenta y accede al mercado criptoEl debate sobre la vigilancia y el control financiero
El argumento central para la prohibición de una CBDC en Estados Unidos reside en la preocupación por la soberanía individual.
Los senadores que integran el Comité Bancario, a pesar de sus diferencias ideológicas en otros temas de vivienda, coinciden en que la infraestructura de un dólar digital podría ser utilizada como una herramienta de monitoreo gubernamental.
De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por el senador Tim Scott, el objetivo es garantizar el acceso a oportunidades económicas sin aumentar la burocracia ni el control estatal sobre los activos personales. Por su parte, la Casa Blanca reforzó esta postura en su Declaración de Política de la Administración, señalando que el desarrollo de una moneda digital de banco central representa una amenaza significativa para la libertad personal, al facilitar una posible trazabilidad total del gasto ciudadano.
La ley ROAD to Housing, en su sección dedicada a las CBDC, establece que ni la Junta de Gobernadores ni ningún banco de la reserva federal podrá crear activos digitales para el consumo minorista a través de intermediarios financieros. Esta medida protege la estructura actual del sistema financiero, donde los bancos comerciales actúan como el nexo principal con el público.
Sin embargo, la excepción otorgada a las stablecoins privadas que cumplen con criterios de privacidad refuerza la intención legislativa de no frenar el avance tecnológico, sino de evitar que dicho avance sea gestionado directamente por el Estado.
Al fijar el vencimiento de esta prohibición para finales de 2030, el Congreso otorga un periodo de cinco años para observar la evolución global de estas tecnologías antes de reconsiderar cualquier cambio en la arquitectura monetaria del dólar, asegurando que el debate se mantenga bajo el control del poder legislativo.
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