Si en los últimos meses has visto el término «CASP» en el contexto de la regulación europea de criptoactivos y no tenías claro qué significa exactamente ni por qué debería importarte, este artículo te da la respuesta completa. El Reglamento MiCA —Markets in Crypto-Assets, Reglamento (UE) 2023/1114— crea una categoría legal nueva en el ecosistema financiero europeo: el Crypto-Asset Service Provider, o Proveedor de Servicios de Criptoactivos. Y esa categoría va a redefinir qué plataformas pueden seguir operando en Europa y cuáles no.
El 1 de julio de 2026 marca el cierre del período transitorio en toda la UE. A partir de esa fecha, operar como proveedor de servicios de criptoactivos sin autorización CASP supone incumplir el derecho europeo. Para ti como usuario, el CASP de tu exchange no es un detalle técnico sin consecuencias: es la diferencia entre operar con garantías regulatorias o sin ellas.
Important: This article is for educational and informational purposes only. The content does not constitute financial, legal, or tax advice. Cryptocurrencies are high-risk assets whose value can fluctuate significantly. Consult a qualified professional before making any purchase or participation decisions.
Qué significa CASP: definición y contexto regulatorio
CASP son las siglas de Crypto-Asset Service Provider, que en español se traduce como Proveedor de Servicios de Criptoactivos. Es la figura que el Reglamento MiCA crea expresamente para regular a todas las empresas que prestan servicios relacionados con criptoactivos en la Unión Europea.
El Reglamento define con precisión qué actividades quedan bajo esta categoría. Los servicios cubiertos incluyen la gestión de plataformas de negociación de criptoactivos (lo que conocemos como exchanges), el intercambio de criptoactivos por moneda fiat y por otros criptoactivos, la custodia y administración de criptoactivos por cuenta de terceros, la ejecución de órdenes de adquisición o venta de criptoactivos, la colocación de criptoactivos, la recepción y transmisión de órdenes relacionadas con criptoactivos, el asesoramiento sobre criptoactivos y la gestión de carteras de criptoactivos.
Si tu exchange hace alguna de estas cosas —y casi todos hacen al menos la primera y la segunda—, está bajo el ámbito de aplicación de MiCA y necesita autorización CASP para operar legalmente. No existe una escala o un umbral de volumen que permita operar sin autorización: la exigencia aplica independientemente del tamaño de la plataforma.
El proceso para obtener la autorización CASP
Convertirse en CASP no es un proceso administrativo rutinario. La solicitud se presenta ante la autoridad nacional competente del Estado miembro donde la empresa tiene su domicilio social, que en el caso de España es la National Securities Market Commission (CNMV). El regulador dispone de un plazo legal para resolver la solicitud, y puede pedir documentación adicional o aclaraciones a lo largo del proceso.
Los requisitos que debe cumplir una empresa para obtener la autorización son sustanciales. En primer lugar, debe acreditar que cumple los requisitos de capital mínimo, que varían según el tipo de servicios que presta: 50.000 euros para la clase más básica, 125.000 euros para servicios intermedios y 150.000 euros para la clase más compleja. Además, debe mantener como fondos propios continuos el mayor de esos importes o la cuarta parte de sus gastos fijos del ejercicio anterior.
Más allá del capital, la empresa debe demostrar que tiene procedimientos sólidos de gestión de riesgos, sistemas de ciberseguridad adecuados, mecanismos de resolución de conflictos de intereses y procesos para la atención y resolución de reclamaciones de clientes. Sus directivos deben acreditar buena reputación y conocimientos suficientes, y la empresa debe someterse a una auditoría externa periódica.
En España, la CNMV ha gestionado las primeras solicitudes en plazos de entre tres y cinco meses cuando el expediente estaba completo, uno de los tiempos de procesamiento más eficientes de la UE según los análisis del sector.
Las obligaciones continuadas que tiene un CASP
Obtener la autorización CASP no es el punto final: es el inicio de una relación regulatoria continua. Los CASP autorizados deben cumplir una serie de obligaciones de forma permanente, bajo supervisión de la autoridad nacional competente.
La más relevante para el usuario es la segregación de fondos. Un CASP autorizado está obligado a mantener los activos de sus clientes completamente separados de sus propios activos. Esto significa que, si la empresa atraviesa dificultades financieras o quiebra, los activos de los clientes no pueden usarse para pagar a los acreedores de la empresa. Los criptoactivos que depositas en un CASP siguen siendo tuyos, no parte del balance de la entidad.
Además, los CASP están obligados a publicar información clara y accesible sobre sus servicios, comisiones, riesgos y procedimientos. Deben implementar políticas de mejores condiciones de ejecución para que las órdenes de sus clientes se tramiten en las condiciones más favorables disponibles. Y deben disponer de canales para que los clientes puedan presentar reclamaciones y obtener respuesta en plazos razonables.
La supervisión no es estática: la autoridad nacional puede realizar inspecciones, solicitar información y, en caso de incumplimiento, imponer sanciones o retirar la autorización. Esto crea un incentivo estructural para que los CASP mantengan sus estándares operativos, algo que no existía en el régimen de registros nacionales previos.
Qué protecciones concretas obtienes al operar con un CASP
La diferencia entre operar con un CASP autorizado y hacerlo en una plataforma sin licencia se traduce en ventajas prácticas y tangibles. No son garantías absolutas —el riesgo de mercado de los criptoactivos no lo elimina ningún regulador—, pero sí reducen significativamente los riesgos operativos.
Con un CASP autorizado, tus activos están segregados. Si el exchange quiebra —algo que ocurrió con varias plataformas centralizadas entre 2022 y 2024— tus criptoactivos no forman parte de la masa concursal. Puedes recuperarlos, aunque el proceso puede llevar tiempo. Sin segregación, como ocurría en muchos exchanges no regulados, los activos de los clientes se mezclaban con los fondos propios y podían perderse parcial o totalmente.
Con un CASP autorizado, hay un regulador al que acudir. Si tienes una disputa con el exchange, puedes presentar una reclamación formal y el regulador puede intervenir. Con una plataforma no regulada, tus opciones son las condiciones contractuales que el exchange decide unilateralmente, que frecuentemente incluyen cláusulas de arbitraje en jurisdicciones opacas.
Con un CASP autorizado, la información es verificable. Los CASP publican información sobre sus fondos propios, sus auditorías y sus procedimientos. Con un exchange no regulado, la opacidad es la norma y la información que proporcionan no está sujeta a verificación externa.
CASP en España a junio de 2026
La CNMV ha avanzado con uno de los procesos de autorización más activos de la UE. A principios de 2026, había otorgado la autorización a seis entidades bancarias —BBVA, Cecabank, Openbank, Renta 4, CaixaBank y Kutxabank— y a cinco fintechs especializadas en criptoactivos: Bit2Me, Crossmint, Minos, Criptan y Fazil Crypto.
Bit2Me —operada por BITCOINFORME, PSC, S.L.— fue la primera fintech de habla hispana en obtener la autorización CASP de la CNMV, en julio de 2025. Esta autorización, concedida conforme al artículo 59 del Reglamento MiCA, la habilita para operar con plena autorización en todo el Espacio Económico Europeo mediante el mecanismo de pasaporte europeo.
La CNMV sigue recibiendo y resolviendo solicitudes, por lo que el número de CASP autorizados en España puede haber aumentado en el momento en que lees esto. Para el listado más actualizado, consulta el registro oficial de la CNMV y el de ESMA, cuya actualización semanal refleja los cambios más recientes.
A nivel europeo, el registro provisional de ESMA recoge alrededor de 183-210 entidades autorizadas en 20 países del Espacio Económico Europeo, de las cuales solo 14 estaban habilitadas para operar plataformas de negociación de criptoactivos (exchanges en sentido estricto) a principios de junio de 2026.
Estado actual: los CASP autorizados en junio de 2026
La panorámica del mercado europeo a junio de 2026 es significativa: de los más de 1.200 proveedores que operaban bajo registros nacionales antes de la plena aplicación de MiCA, apenas el 18% ha completado el proceso de autorización CASP. Eso supone que más de 1.000 entidades siguen operando bajo el régimen transitorio o sin ningún tipo de autorización, y que a partir del 1 de julio deberán o bien haber obtenido la licencia, o bien cesar su actividad en la UE.
Esta situación ha llevado a ESMA a publicar directrices específicas para los CASP no autorizados, en las que exige que tengan operativos planes de cierre ordenado, aseguren la transferencia de activos a los clientes y no incrementen su base de usuarios europeos antes del cierre del período transitorio. Las autoridades nacionales, a su vez, deben verificar la existencia y viabilidad de esos planes.
Para las plataformas que sí tienen la autorización, el escenario es de oportunidad: miles de usuarios de plataformas no autorizadas necesitarán migrar a exchanges con licencia CASP en un período corto de tiempo. Para los usuarios, el mensaje es el mismo que venimos repitiendo: verificar el estado regulatorio de tu plataforma antes del 1 de julio es el paso más útil que puedes dar ahora mismo.
Un cambio estructural, no un requisito burocrático
Es fácil desestimar la exigencia CASP como otro requisito burocrático que complica la vida a las empresas y encarece los servicios. Esa lectura, aunque comprensible, pierde de vista el contexto histórico: el mercado de criptoactivos ha experimentado colapsos de exchanges que se llevaron por delante los ahorros de millones de usuarios en todo el mundo, sin que hubiera ningún mecanismo de compensación ni ningún regulador con capacidad real de intervención.
El modelo CASP no garantiza que los criptoactivos no pierdan valor ni que ningún proveedor vaya a tener nunca problemas. Pero sí garantiza que si los problemas aparecen, hay un marco legal y un supervisor que pueden actuar. Para las personas que destinan una parte de su patrimonio a criptoactivos —por pequeña que sea—, esa diferencia es material.
El mercado europeo de criptoactivos que emerge de julio de 2026 será más pequeño en número de actores, más concentrado en entidades con capacidad operativa y recursos suficientes, y más seguro para quienes decidan participar en él. La regulación, en este caso, no es el obstáculo: es la infraestructura.
