Los empleados públicos de Michigan podrían cobrar sus salarios en Bitcoin a partir de 2027

Michigan y Arizona impulsan leyes separadas para integrar Bitcoin en la nómina estatal y crear reservas digitales, consolidando el papel de las criptomonedas en la soberanía financiera estadounidense.

En Estados Unidos, el sistema financiero se reconfigura a medida que la moneda fiduciaria empieza a compartir espacio con los activos digitales en la gestión pública. Aunque alguna vez los criptoactivos estuvieron limitados al entorno cripto, hoy han ganado presencia en los debates legislativos de estados como Michigan y Arizona, donde se discuten propuestas regulatorias que permitirían pagar salarios de empleados públicos e incluso resguardar fondos estatales en Bitcoin. 

Las políticas propuestas a la fecha por estos estados muestran un cambio de enfoque que busca integrar la infraestructura blockchain dentro de la gestión financiera local, no solo como estrategia de innovación, sino también como respuesta a una nueva realidad económica. 

Mientras el gobierno federal intenta establecer las bases de su estrategia nacional para consolidar su liderazgo en la industria digital, los gobiernos estatales siguen avanzando de manera localizada y comienzan a redefinir las reglas de la tesorería pública y la administración de criptoactivos.

El plan de Michigan para modernizar la administración pública con Bitcoin

En el estado de Michigan, el panorama laboral para los empleados públicos podría dar un giro histórico a partir de enero de 2027. Una propuesta legislativa reciente en esta jurisdicción busca otorgar a los trabajadores estatales la facultad de decidir cómo desean percibir sus salarios, introduciendo a Bitcoin como una opción obligatoria dentro de un abanico de activos digitales. 

La legislación en cuestión es una modificación a la normativa de pagos y beneficios complementarios que data de 1978, adaptándola a las necesidades de una fuerza laboral que demanda mayor autonomía financiera. 

Según la información compartida por Michigan Bitcoin Trade Council, una organización sin fines de lucro que busca educar a los habitantes de Michigan sobre Bitcoin y su potencial disruptivo, el proyecto de ley establece que el estado debe ofrecer al menos seis opciones de criptomonedas, excluyendo explícitamente cualquier divisa digital emitida por los bancos centrales, lo que marca una postura firme contra la centralización monetaria gubernamental.

En Lansing, la propuesta legislativa ha ganado apoyo entre organizaciones dedicadas a la promoción de políticas públicas sobre tecnologías financieras. Sus impulsores sostienen que integrar Bitcoin en los sistemas salariales no solo representa un avance administrativo, sino también una forma de atraer innovación y talento al sector público.

Más allá del pago de salarios en BTC, el paquete de reformas en Michigan es ambicioso e incluye la protección de derechos para los propietarios de activos digitales, la posibilidad de que los fondos de pensiones inviertan en criptoactivos de alta capitalización y el fomento de la minería de Bitcoin utilizando pozos de gas y petróleo abandonados. Según los términos del proyecto, la responsabilidad de gestionar la custodia y la volatilidad de estos activos recaería en el Departamento del Tesoro, una vez que la ley logre el consenso bipartidista necesario para su implementación definitiva.

Arizona busca transformar sus reservas estatales con criptomonedas

Mientras Michigan se enfoca en el flujo de capital hacia los empleados, Arizona da un paso diferente en la integración estatal de criptoactivos. El estado ha dirigido su atención hacia la acumulación de valor a largo plazo mediante la creación de un Fondo de Reserva Estratégica de Activos Digitales. 

La propuesta legislativa de Arizona, conocida como SB 1649, que avanza en el Senado, busca autorizar al tesorero estatal para poseer, invertir y prestar criptomonedas que hayan sido incautadas o entregadas a las autoridades. 

El nuevo plan del estado se diferencia de intentos anteriores que fueron frenados por el poder ejecutivo local debido a preocupaciones sobre la inestabilidad del mercado. Ahora, los legisladores han adoptado un nuevo enfoque que intenta dar un uso productivo y estratégico a las criptomonedas y activos digitales ya disponibles, que se encuentran bajo el control estatal, a fin de minimizar el riesgo directo sobre el presupuesto general.

La normativa propuesta en Arizona define criterios específicos de selección basados en un índice vinculado al valor de Bitcoin, permitiendo la inclusión de otras monedas y activos digitales que cumplan con ciertos estándares de mercado. En general, el plan contempla que estos recursos sean gestionados por custodios calificados o a través de productos financieros aprobados por organismos reguladores federales. 

De acuerdo con los promotores de la ley, el objetivo es generar rendimientos adicionales para el estado sin incrementar la exposición financiera, tratando a los activos digitales con una importancia similar a la que históricamente ha tenido el oro. A pesar de los retos políticos internos y los vetos previos, la insistencia legislativa subraya un interés persistente por integrar las criptomonedas y la tecnología blockchain en las reservas soberanas del estado.

Estados Unidos avanza hacia la era del Bitcoin estatal

La creciente adopción de Bitcoin a nivel estatal demuestra hasta qué punto ha madurado como activo de reserva y símbolo de soberanía financiera. 

En distintos puntos del país, estados como Texas, Misuri y New Hampshire han dado pasos concretos para que sus tesorerías puedan destinar parte de los fondos públicos a activos digitales. Para expertos del sector, esta coordinación descentralizada entre diferentes entidades estatales se alinea con el objetivo nacional de asegurar que la infraestructura cripto permanezca y florezca dentro de las fronteras estadounidenses. 

La importancia de estas leyes radica en que ofrecen una alternativa ante la inflación y buscan aprovechar la naturaleza inmutable y transparente de la tecnología blockchain para la gestión pública. En otras palabras, las nuevas leyes no solo responden a la necesidad de proteger los fondos públicos frente a la inflación, sino que también aprovechan la transparencia y la seguridad que ofrece la tecnología blockchain en la gestión gubernamental. A través de la institucionalización de estos sistemas, los estados abren el camino hacia un entorno legal más sólido que incentiva la llegada de capital y el desarrollo de talento tecnológico especializado.

Esta competencia entre estados por consolidarse como centros criptofavorables impulsa una carrera regulatoria que podría marcar el rumbo de una futura legislación federal coherente. En este contexto, Estados Unidos avanza con la intención de liderar la industria cripto a nivel global, apoyándose en proyectos legislativos como el Genius Act y el Clarity Act, este último aún sujeto a la aprobación del Senado.