El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha admitido usos legítimos en las plataformas de mezcladores de criptomonedas, marcando un cambio tras años de restricciones.
Tras un periodo marcado por acciones restrictivas contra plataformas orientadas a la privacidad financiera, como Tornado Cash y Samourai Wallet, el Departamento del Tesoro ha formalizado una postura más equilibrada.
En un reciente informe remitido al Congreso, el organismo federal admitió que las herramientas de mezcla de criptomonedas o mixers, diseñadas para anonimizar transacciones, poseen finalidades lícitas y necesarias en los mercados modernos.
Para los expertos y la comunidad cripto, este reconocimiento es crucial, puesto que surge en un contexto donde la lucha contra el financiamiento ilícito, que ha sido la prioridad absoluta de la administración actual, ha puesto en jaque a varias plataformas del mercado.
El documento oficial subraya que, en una red de registros públicos como blockchain, la exposición total de los datos puede vulnerar la seguridad de individuos y empresas. Por ello, según el informe, la posibilidad de ocultar el origen y destino de los fondos no siempre responde a un deseo de evadir la ley, sino a la protección de información sensible, como el patrimonio personal, pagos corporativos o donaciones a causas específicas. Según los expertos, este giro analítico plantea una nueva hoja de ruta para la convivencia entre la vigilancia estatal y el derecho a la reserva financiera.
Opera cripto con seguridad aquíPrivacidad y regulación: un nuevo equilibrio en la era cripto
El documento presentado bajo los lineamientos de la Ley Genius de 2025 establece una distinción técnica fundamental para el futuro de la industria cripto.
De acuerdo con el análisis del Departamento del Tesoro, la privacidad en las redes descentralizadas es una característica que puede coexistir con el cumplimiento normativo si se implementan las salvaguardas adecuadas. El informe señala que, a medida que el uso de activos digitales se integra en los hábitos de consumo cotidiano, los usuarios requieren mecanismos que impidan el rastreo público de sus movimientos financieros.
Para la industria cripto, esta declaración representa una validación de la tecnología de preservación de identidad. El Tesoro indica que los servicios de mixers o mezcladores de activos, tanto de custodia como no custodiales, permiten que las transacciones comerciales y las operaciones de beneficencia se mantengan fuera del alcance de terceros no autorizados. No obstante, el organismo aclara que esta legitimidad no exime a las plataformas de responsabilidades. Por ello, propone que las herramientas de privacidad incorporen sistemas de mantenimiento de registros o auditorías internas que permitan a las autoridades intervenir exclusivamente en casos de actividad delictiva confirmada.
El alcance de estas recomendaciones para el sector de las criptomonedas y los activos digitales son amplias. El informe sugiere que el Congreso debería trabajar en clarificar las obligaciones de prevención de lavado de dinero para el sector de las Finanzas Descentralizadas (DeFi), pero sin anular la capacidad de innovación tecnológica. El Tesoro incluso insta a la exploración de herramientas de identidad digital que protejan los datos personales mientras cumplen con los estándares internacionales de transparencia, buscando un punto de equilibrio entre la seguridad nacional y la soberanía individual sobre la información financiera.
En otras palabras, el Tesoro cree que, independientemente de la tecnología de privacidad que se use, los controles contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT) deben ser aplicados de manera efectiva.
Entra en Bit2Me y compra cripto hoyEl Tesoro reevalúa la necesidad de privacidad en el mundo cripto
Durante años, la estrategia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos frente al uso de herramientas de anonimato en criptomonedas se basó en la sanción directa. Uno de los ejemplos más sonados fue Tornado Cash, un protocolo que permite realizar transacciones privadas en cadena y que en 2022 fue incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. En aquel momento, las autoridades sostuvieron que el servicio de mezclado facilitaba operaciones de lavado de dinero vinculadas con grupos de ciberdelincuencia internacional, lo que llevó a la detención y juicio de sus desarrolladores, entre ellos Roman Storm.
Otro caso que marcó esa etapa fue el de Samourai Wallet, cuya persecución judicial consolidó la idea de que cualquier software dedicado a proteger la privacidad financiera era, por sí mismo, motivo de sospecha.
Durante años, las agencias federales lo señalaron como un medio habitual para mover fondos obtenidos mediante hackeos o ataques de ransomware. Sin embargo, los recursos legales interpuestos por defensores de derechos digitales y empresas del sector blockchain abrieron una nueva discusión sobre los límites de esa política. Un tribunal de apelaciones puso en entredicho la capacidad del Tesoro para sancionar programas de código abierto que no están bajo el control de una entidad específica.
Esa tensión entre el marco legal y la innovación tecnológica impulsó al gobierno a revisar su posición. En su último informe, el Tesoro reconoce que la tecnología no tiene una orientación moral y que penalizarla en conjunto puede perjudicar a ciudadanos y empresas que actúan dentro de la ley. El nuevo enfoque distingue a quienes usan estas herramientas para ocultar delitos de quienes las emplean para proteger información sensible, pagar nóminas o simplemente resguardar su privacidad en el entorno digital.
Accede a criptomonedas en Bit2MeHacia una arquitectura legal de activos digitales protegidos
Las autoridades financieras estadounidenses parecen haber trazado una nueva estrategia frente a la tecnología blockchain. En lugar de restringir la privacidad, buscan regularla con mecanismos legales más precisos.
En su informe, el Tesoro ha planteado al Congreso la idea de crear normas que permitan congelar de manera temporal los activos considerados sospechosos, sin eliminar los sistemas que resguardan la confidencialidad de los usuarios. Con esto se ofrecería un margen de protección a las instituciones financieras mientras avanzan las investigaciones, reduciendo los roces con el desarrollo acelerado de las redes descentralizadas.
