El Comité de Agricultura del Senado pospone la evaluación de la Ley CLARITY hasta finales de enero. John Boozman busca asegurar el apoyo bipartidista ante un clima político tenso.
La agenda regulatoria de Estados Unidos ha sufrido una modificación táctica que altera las expectativas inmediatas del mercado de activos digitales. John Boozman, presidente del Comité de Agricultura del Senado, ha decidido posponer la sesión de evaluación del proyecto de ley sobre la estructura del mercado de criptomonedas, prevista inicialmente para el jueves 15 de enero de 2026. La nueva fecha tentativa se sitúa en la última semana del mes, una decisión que, lejos de señalar una cancelación, responde a la necesidad crítica de consolidar el apoyo bipartidista antes de someter el texto a votación.
Esta noticia llega en un momento de alta sensibilidad para el mercado de las criptomonedas, que esperaba esta semana como un hito decisivo para la regulación estadounidense.
Sin embargo, Eleanor Terrett, presentadora de Crypto in America, comentó que este retraso no es un simple ajuste de calendario; más bien, representa una maniobra de cálculo político en un Congreso dividido. La intención del Comité es alinear posturas con el Comité Bancario del Senado y evitar que las discrepancias técnicas o ideológicas descarrilen una legislación que lleva meses en gestación. Por ello, Boozman ha decidido priorizar la solidez del acuerdo sobre la rapidez del trámite, consciente de que presentar el proyecto sin los votos asegurados podría condenar la iniciativa al fracaso y prolongar el limbo regulatorio que afecta a la industria cripto.
Adquiere tus activos digitales en Bit2Me hoyEl peso de la Ley CLARITY en la estructura del mercado cripto
Esta pieza legislativa en cuestión, conocida en los círculos financieros y políticos de 2026 como la Ley CLARITY (Digital Asset Market Clarity Act), representa mucho más que un simple trámite burocrático. Su objetivo central es resolver el eterno conflicto jurisdiccional que ha frenado la innovación cripto en suelo estadounidense: la disputa de competencias entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
La industria de las criptomonedas ha clamado durante años por una definición precisa que establezca cuándo un activo digital se comporta como un valor y cuándo debe ser tratado como una mercancía digital o commodity y la Ley CLARITY propone resolver precisamente esto.
Con su desarrollo, los legisladores buscan establecer un marco integral que permitiría a las empresas de criptomonedas operar con licencias federales claras, a fin de eliminar la incertidumbre de las acciones de cumplimiento por sorpresa por parte de las agencias federales. Bajo la Ley CLARITY, se establecen requisitos estrictos para la custodia de activos, la protección al consumidor y la segregación de fondos, respondiendo directamente a las lecciones aprendidas tras los colapsos de grandes plataformas en años anteriores.
Además, el proyecto regulatorio aborda temas espinosos como la prohibición de ciertos incentivos o rendimientos en stablecoins de pago, buscando diferenciar claramente los instrumentos de pago de los productos de inversión. Para los actores institucionales que esperan al margen, la aprobación de este marco es la señal verde necesaria para entrar al mercado con capital masivo, sabiendo que existe un árbitro y un reglamento definido.
Considerando su importancia y potencial impacto, el aplazamiento de la sesión anunciado por Boozman dará espacio a los legisladores para refinar detalles técnicos sobre cómo se aplicarán las nuevas normas a la industria, especialmente en sectores como el de las finanzas descentralizadas (DeFi) y las stablecoins. La claridad en estos puntos es esencial para que los bancos y fondos de inversión tradicionales puedan integrar activos digitales en sus portafolios sin el riesgo de enfrentar acciones coercitivas por parte de los reguladores. Por ello, el mercado interpreta estas dos semanas adicionales como un periodo de ajuste necesario para garantizar que el texto final sea técnicamente viable y políticamente aceptable para ambas cámaras.
Gestiona cripto con seguridad: entra aquíEl dilema de las criptomonedas de 2026
A pesar de los esfuerzos de legisladores como Boozman por mantener el debate en un terreno técnico y bipartidista, el entorno político que rodea a las criptomonedas en 2026 se ha vuelto innegablemente complejo.
La aspiración de Estados Unidos de liderar la innovación financiera global choca a veces con la realidad de su propia polarización interna. Mientras los comités trabajan en la letra pequeña de la regulación, voces influyentes dentro de la propia industria han levantado la mano para señalar los peligros de que las criptomonedas se conviertan en una bandera partidista.
Un ejemplo destacado de esta preocupación proviene de Charles Hoskinson, fundador de Cardano, quien ha sido vocal respecto a cómo los movimientos políticos recientes han afectado el progreso legislativo. Hoskinson ha argumentado que la incursión directa de figuras políticas polarizantes, como el presidente Donald Trump, en el lanzamiento de proyectos comerciales de criptomonedas y «memecoins», ha complicado el panorama. Según su análisis, estas acciones han vinculado injustamente la tecnología blockchain con agendas personales y partidistas, lo que provoca que el apoyo a leyes neutrales como la Ley CLARITY se vuelva más difícil para los legisladores del bando opuesto.
A su juicio, esta «contaminación» política obliga a líderes como Boozman a trabajar el doble para convencer a sus colegas de que la regulación cripto es un asunto de seguridad nacional y competitividad económica, y no un favor político a una facción específica.
El mercado permanecerá atento a las señales que emanen del Capitolio en los próximos días. Si Boozman logra alinear los intereses y presentar el proyecto de ley con un respaldo sólido a finales de mes, enviará un mensaje de estabilidad que podría catalizar una nueva fase de crecimiento para la industria. Por el contrario, si la polarización impide el avance del texto, Estados Unidos correrá el riesgo de ceder el liderazgo de la economía digital a jurisdicciones con marcos normativos ya establecidos.
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