La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ofreció hace pocos días los planes del organismo sobre la circulación del euro digital a partir del mes de octubre de 2025. Esto ha generado controversias ligadas al uso de efectivo en España, uno de los países de la UE con más restricciones con este método de pago.
Las reacciones no se hicieron esperar y el presidente de la Plataforma Denaria, Javier Rupérez, afirmó que su organización, dedicada a promover el uso del efectivo como medio de pago, no está «en contra» del ámbito digital, pero sí que aboga por «la libertad de elección» de cada ciudadano al momento de realizar pagos y usar su dinero. En este sentido, señaló que “el verdadero fraude” masivo ocurre principalmente en los pagos digitales que son susceptibles a violaciones y en muchos casos, así lo comprueban.
Los ciudadanos se organizan
Tras lo que parece una inminente transformación de los pagos de efectivos a digitales, la Plataforma Denaria organizó un evento en el Congreso de los Diputados. Este llevó por nombre Inclusión Financiera en España. El efectivo como solución segura y sostenible. En esta jornada, Rupérez se centró en la idea que el dinero en efectivo es un medio de pago “seguro” y también uno de los más utilizados por la mayoría de los consumidores.
En este escenario, expresó su preocupación por la creciente falta de aceptación de efectivo en algunos lugares y también por la dificultad para acceder a cajeros y oficinas bancarias para poseer los billetes en físico. Ante esto, advirtió la exclusión financiera y social que se presenta para millones de personas que dependen del efectivo en sus actividades cotidianas.
Rupérez defendió que el efectivo como método de pago y ahorro porque garantiza “autonomía y libertad” para muchas personas, ya que no requieren tecnología ni electricidad. Destacó, además, que este es rápido y seguro ante posibles ciberataques e inclusivo porque todo el mundo puede acceder a él sin mayores complicaciones.
Reveló que reciben “quejas diarias” de personas a quienes se les niega el pago en efectivo. La mayoría de estos reclamos provienen de empresas del sector público, como instalaciones deportivas, festivales de música u otras artes o alquileres de inmuebles, incluso pese a la nueva Ley de Vivienda que incluye el efectivo para transacciones.
Asimismo, criticó que el límite para pagos en efectivo en España sea de 1.000 euros. En esto fue enfático al señalar que la Comisión Europea recomienda como una norma tácita un límite de 10.000 euros. A la vez que argumentó que el efectivo es más respetuoso con el medioambiente en comparación con las alternativas digitales que requieren electricidad y, por supuesto, consumo de energía y sus subsecuentes emisiones de carbono.
En el evento se llevó a cabo una mesa redonda sobre el papel del efectivo como herramienta para la autonomía personal, la convivencia y la organización colectiva. En este debate participaron representantes de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Down España y la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer). Todas estas organizaciones agrupan a personas para las que el efectivo es un método de pago muy usado y que ven limitadas sus vidas al restringírsele el acceso a este.
No basta la sospecha de fraude
En nombre del Cermi, su directora ejecutiva, Pilar Villarino, defendió que el uso y elección de poseer efectivo sea un derecho del consumidor. En cualquier caso, se alineó con que todas las opciones sean accesibles para las personas con discapacidad y su posibilidad de usar el método que mejor se adapte a cada quien sin ninguna restricción.
“El efectivo para el Cermi es una herramienta clara de inclusión financiera y de participación social. Es por esto que nos sumamos a las peticiones de que el efectivo sea considerado un bien social porque la visión de nuestra organización es que empodera a las personas con discapacidad que de otra manera podrían quedar excluidos financieramente al no tener a alguien que medie para sus operaciones diarias”, afirmó Villarino. En esa línea, reclamó una prestación “personalizada” para estas personas.
Por su parte, el presidente de Ceoma, José Luis Fernández, denunció la criminalización de la cual es objeto el ciudadano que quiere usar el efectivo para pagar por estar “bajo sospecha de ser un defraudador” sin siquiera tomar en cuenta la presunción de inocencia ante cualquier evento: “las personas por definición no somos defraudadores”, dijo. Al pronunciar estas palabras la sala estalló en aplausos.
Aprovechó para referirse al proyecto del euro digital lanzado desde el Banco Central Europeo (BCE) y mostró su “preocupación” porque mediante el mismo “estará controlado” cualquier movimiento del ciudadano. Hecho al cual reaccionó el gerente de Down España, Agustín Matía, quien señaló la “obsesión de Hacienda por el control” y defendió “dar opciones” y que cada cual elija cómo prefiere pagar y usar su dinero cada quien.
En esa misma línea, Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), definió a la organización como defensora “fervorosa” del pago en efectivo por su predominio en el mundo rural y apuntó que “los defraudadores están en otro lado y, seguramente, no se les persigue de la misma manera” que al ciudadano. También se quejó de que los servicios públicos “son, principalmente, los que ponen impedimentos”.
Por Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), su secretaria general, Rita Mateos, agregó que el efectivo debe considerarse “un servicio público de primer orden” y es un “pilar” de la economía local.
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Hablan las autoridades
En esta sesión había una mesa compuesta por parlamentarios de PSOE, Vox, PP, Junts en la que PSOE, PP y Vox coincidieron en que coexistan las distintas opciones de pago y sea el usuario el que decida.
En la clausura del evento Inclusión Financiera en España. El efectivo como solución segura y sostenible, intervino la presidenta y directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Isabel Valldecabres, quien señaló que el temor por el euro digital no está justificado, pues los datos personales los tienen, principalmente, empresas como Bizum, Visa o Mastercard por “la alegría” con la que se comparten.
Aprovecho la oportunidad para recordar que desde el BCE se ha defendido que el efectivo debería seguir estando garantizado con el mismo nivel de aceptación que cualquier otro pago cuando exista el euro digital. Además, se preguntó “cómo va a desaparecer algo que si no existiera habría que inventarlo”. En este sentido, llamó la atención respecto a que “la gran bolsa” de fraude se encuentra en movimientos de grandes cantidades que no son las que manejan los ciudadanos.
