Cynthia Lummis, senadora de los Estados Unidos por el estado de Wyoming, argumenta que los reguladores están atentando en contra de los derechos de propiedad fundamentales de los estadounidenses. Esas declaraciones están relacionadas con la demanda que presentó el Departamento de Justicia en contra de los desarrolladores de Samourai Wallet, a finales de abril.
Lummis, que es ampliamente conocida en la criptoindustria como una defensora de Bitcoin y las criptomonedas, acudió a la plataforma social X (antes Twitter) para expresar su descontento con la política regulatoria que Estados Unidos está aplicando a la industria de las criptomonedas y los activos digitales. Indicó que la actual administración de Joe Biden está criminalizando el desarrollo y la innovación, agrediendo a los usuarios de Bitcoin y las finanzas descentralizadas (DeFi).
“Esta postura contradice las orientaciones existentes del Tesoro, el sentido común y viola el Estado de derecho”, argumentó Lummis, señalando que la demanda impuesta por el DOJ en contra de los fundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, atenta en contra de los derechos de los ciudadanos a tener sus propias claves y ejecutar su propio nodo de Bitcoin.
Con su mensaje, Lummis hace un llamado a los reguladores a que se establezcan normas regulatorias claras y concisas, que no sofoquen la innovación en la industria de las criptomonedas.
Estados Unidos tiene un enfoque “hiperagresivo” hacia las criptomonedas
En su declaración, Lummis objeta el enfoque regulatorio que Estados Unidos ha adoptado hacia la criptoindustria. Etiquetó este enfoque de “hiperagresivo”, lamentando que el país elija asfixiar la innovación de las criptomonedas, en lugar de navegar por las complejidades y oportunidades emergentes en esta industria.
Lummis también indicó que está profundamente preocupada por esta postura agresiva del gobierno estadounidense, que considera que el software sin custodia puede llegar a constituir un servicio de transferencia de dinero, indicó.
“Los argumentos en contra del software de autocustodia amenazan los derechos de propiedad fundamentales que son esenciales para ser estadounidense”, manifestó Lummis.
Por otro lado, el cofundador de Railgun, Alan Scott Jr., asegura que la mayoría de los senadores, legisladores y fiscales estadounidenses no están en contra de los derechos de privacidad de los usuarios de criptomonedas. Ni siquiera las agencias de inteligencia, como el FBI, en Estados Unidos se oponen a los protocolos de privacidad de criptoactivos, señaló Scott, en conversaciones con Cointelegraph durante el evento ETH Global, en Sydney (Australia).
Scott manifestó que había estado conversando con varios senadores estadounidenses y agentes del FBI, y que había descubierto que estos no han iniciado una cruzada en contra de los protocolos de privacidad de las criptomonedas, como algunos creen. Por el contrario, señaló que muchos de estos políticos están buscando formas de comprender mejor el potencial de las criptomonedas.
Un marco regulatorio favorable para la criptondustria
Sobre este potencial, la senadora Cynthia Lummis cree que las criptomonedas constituyen un elemento clave para avanzar en el desarrollo y fortalecimiento del liderazgo tecnológico de Estados Unidos, por lo que, junto a la senadora Kirsten Gillibrand, del estado de Nueva York, Lummis aboga por el establecimiento de un marco regulatorio claro y favorable con los criptoactivos.
Ambas senadoras presentaron un proyecto de ley para los activos digitales, cuya aprobación podría establecer un marco legal que permita proteger a los usuarios e inversores de los malos actores, al mismo tiempo que apoye e incentive el crecimiento y desarrollo de la innovación.
Aunque Lummis es favorable hacia Bitcoin y las criptomonedas, argumenta que las stablecoins pueden suponer varios riesgos para los usuarios. También rechaza el desarrollo de las monedas digitales de los bancos centrales, conocidas como CBDCs, que podrían constituir una herramienta de vigilancia para el gobierno y suponer una potencial amenaza para la privacidad financiera de todos los estadounidenses.
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