Tras el paso de Ohio: Filtran los dos nuevos estados de EE. UU. que preparan su adopción de Bitcoin

El mapa financiero de Estados Unidos está atravesando una reconfiguración silenciosa pero acelerada, que trasciende las decisiones centralizadas de la Reserva Federal y se gesta directamente en las legislaturas locales. 

Mientras la atención mediática se ha centrado recientemente en los movimientos pioneros de Ohio en el mundo de las criptomonedas y la ejecución práctica de una compra de Bitcoin por parte de Texas, nuevas filtraciones provenientes de organizaciones de defensa de políticas públicas han revelado que la ola de adopción institucional tiene dos nuevos protagonistas. Michigan y Massachusetts han surgido como las siguientes jurisdicciones clave en la lista para formalizar la adopción de criptomonedas y establecer marcos regulatorios favorables para la industria.

Ambos estados están respondiendo a una estrategia coordinada, para integrar a Bitcoin dentro de la maquinaria estatal, que busca asegurar que los gobiernos locales no solo regulen, sino que se beneficien de la emergente economía digital. 

La ofensiva legislativa en Michigan y Massachusetts con Bitcoin

La confirmación de estos nuevos frentes de batalla legislativa llegó de la mano de Dennis Porter, director ejecutivo del Satoshi Action Fund, una organización que se ha convertido en el principal motor detrás de la política de Bitcoin a nivel estatal en Estados Unidos. 

A través de la red social X, Porter reveló detalles cruciales sobre el trabajo que su organización ha estado realizando tras bastidores, confirmando que Satoshi Action Fund ha testificado oficialmente a favor de tres proyectos de ley fundamentales en el estado de Michigan.

Estas iniciativas legislativas buscan fortalecer y proteger el ecosistema de criptomonedas dentro del estado. La primera propone que Michigan pueda incluir Bitcoin en sus reservas financieras oficiales, instalando así un activo digital como parte de su estrategia económica. La segunda ley apunta a brindar un respaldo jurídico claro a las operaciones de minería de Bitcoin, asegurando un marco que promueva su sostenibilidad tanto en términos energéticos como industriales. Por último, el tercer proyecto protege los derechos de los ciudadanos relacionados con la autocustodia y el manejo de activos digitales, otorgando seguridad legal en el uso y almacenamiento de criptomonedas.

El esfuerzo de Satoshi Action Fund en Michigan marca un paso significativo para consolidar un entorno legal favorable a la adopción y desarrollo de Bitcoin y la tecnología blockchain, lo que podría sentar precedentes importantes para otras regiones.

«¡Nuestro equipo siempre luchará para avanzar en Bitcoin!», declaró Porter, subrayando el compromiso de su grupo. Además de Michigan, Porter señaló que Massachusetts está en la mira, con legisladores que ya han comenzado a considerar propuestas similares. 

Los estados avanzan firmes pese a la volatilidad del mercado

La estrategia de Satoshi Action Fund gira en torno a un pragmatismo político bien definido. Porter ha sido clave en proveer modelos legislativos listos para ser adaptados por los legisladores y explicó que su enfoque es sostenible a largo plazo. En lugar de exigir cambios bruscos, prefieren adaptar sus propuestas al nivel de disposición de los legisladores, logrando avances graduales pero efectivos. Aunque la inclusión de Bitcoin en las reservas estatales es la meta máxima, se avanza también en la ampliación de derechos relacionados con la minería y la custodia de criptoactivos.

A medida que se acerca 2026, se anticipa un aumento en la actividad legislativa en Michigan, Massachusetts y otros estados con proyectos similares, beneficiándose de un contexto político favorable. 

Porter mostró confianza frente a la reciente volatilidad del mercado cripto, descartando que las fluctuaciones actuales puedan poner en riesgo los avances normativos logrados en estos estados.

Soberanía financiera: La lucha contra la devaluación del dólar

La razón detrás de este impulso agresivo por parte de organizaciones como el Satoshi Action Fund no es meramente especulativa, sino defensiva y macroeconómica. El argumento central que Porter y su equipo presentan ante los comités de finanzas estatales y el personal de tesorería es la erosión alarmante del valor del dinero fiduciario. Según datos presentados por la organización, el dólar estadounidense ha perdido aproximadamente el 25% de su poder adquisitivo desde 2018.

Frente a este escenario de devaluación, Bitcoin se presenta no como un activo de riesgo, sino como una herramienta de cobertura necesaria para la salud fiscal a largo plazo. «Solo una asignación del 3% en Bitcoin es suficiente para combatir el 100% de la pérdida de poder adquisitivo», argumentó la organización. Bajo esta óptica, Bitcoin se posiciona como la mejor herramienta disponible para proteger los fondos públicos, los sistemas de pensiones y las reservas de estabilización estatal.

Más allá de la protección financiera, el Satoshi Action Fund también promueve una visión holística donde la industria cripto beneficia la infraestructura física. «Creemos que Bitcoin, la minería de Bitcoin y los activos digitales tienen el potencial de impactar positivamente nuestro medio ambiente, nuestra red eléctrica, nuestra economía y la sociedad en su conjunto», reza la misión del grupo. 

Por ello, al trabajar con reguladores y el público general, buscan asegurar que la adopción de Bitcoin sea inclusiva. Para lograrlo, el grupo también ha estado defendiendo activamente la reforma fiscal de las criptomonedas en Washington D.C., enviando cartas al personal de tesorería y reuniéndose en persona con oficinas clave tanto de la mayoría como de la minoría. El objetivo es claro: preparar el terreno federal para lo que ya es una realidad estatal.

El efecto dominó: De Texas a la consolidación nacional

El avance de Michigan y Massachusetts en la adopción de Bitcoin en fondos públicos no puede analizarse sin considerar la influencia de estados como Texas y Ohio. Texas ha dado un paso clave al transformar su discurso en acción concreta, confirmando la legalidad y viabilidad operativa de comprar esta criptomoneda con recursos estatales. Ohio, pionero en 2018, ha revivido el debate legislativo, impulsando una agenda que ahora se expande a nuevas jurisdicciones.

La incorporación de Michigan y Massachusetts no representa casos aislados, sino una evolución hacia una tendencia regional con impacto que va más allá de experimentos individuales. Esto redefine cómo se entienden las políticas públicas innovadoras en materia de activos digitales, mostrando que la movida no es solo mérito de unos pocos, sino una dinámica entre estados que se influencian mutuamente.

Este fenómeno de «teoría de juegos» aplicada a la administración pública sugiere que Estados Unidos se encamina hacia una fragmentación positiva. Mientras se discuten propuestas nacionales de gran envergadura, los estados están demostrando tener la agilidad necesaria para actuar primero. Porter y el Satoshi Action Fund están capitalizando esta agilidad, utilizando el ejemplo de Texas para instar a que más estados deberían seguir el ejemplo.