Tras el hackeo de $116 millones, Balancer busca consenso para repartir el capital rescatado

La comunidad de Balancer debate una propuesta para distribuir 8 millones de dólares recuperados tras el ataque de noviembre, priorizando pagos prorrateados a las víctimas directas.

A principios de noviembre, el protocolo Balancer v2 sufrió una vulnerabilidad crítica que derivó en la sustracción de aproximadamente 116 millones de dólares a través de diversas redes blockchain. Semanas después del incidente, la atención se ha desplazado de la urgencia técnica a la gestión administrativa de las consecuencias. 

Actualmente, la comunidad debate una hoja de ruta específica para distribuir los 8 millones de dólares que lograron ser rescatados mediante operaciones de seguridad y la intervención de terceros.

La propuesta, presentada a la DAO del proyecto, marca un precedente en la forma en que los protocolos gestionan la insuficiencia de fondos tras un ataque, pero la cifra recuperada representa apenas una fracción del total sustraído, lo que ha obligado a los arquitectos de la solución a diseñar un esquema que priorice la claridad matemática sobre la restitución total. El plan sugiere que los reembolsos se dirijan exclusivamente a los proveedores de liquidez que sufrieron pérdidas directas, descartando la idea de socializar las pérdidas entre toda la base de usuarios del protocolo.

Así se enfrenta Balancer a la devolución de fondos tras el hackeo

La discusión central de la comunidad de Balancer gira en torno a la forma en que se distribuirá el capital disponible tras el incidente ocurrido en la red. La metodología propuesta señala que los pagos se harán de manera proporcional, basándose en las tenencias de los tokens de los Balancer Pools (BPT) que se hayan registrado en los bloques de «snapshot» —es decir, en capturas exactas del estado de la red justo antes del ataque. 

Según la propuesta, hacerlo de esta manera ayudará a garantizar que la asignación refleje con precisión quiénes poseían qué activos en ese momento clave, preservando la integridad de los datos on-chain.

Por otro lado, un elemento fundamental de esta propuesta es que la devolución de fondos se realizará «en especie». Esto implica que se reembolsará a los usuarios con los mismos activos que componían los pools afectados, siempre que sea posible. Se busca evitar las distorsiones de valor que podrían surgir de convertir masivamente esos activos a stablecoins u otros tokens volátiles. Sin embargo, la realidad financiera impone límites claros, ya que solo se logró recuperar alrededor del 7% del total comprometido en el ataque, sin contar los fondos bajo gestión externa como los de StakeWise, por lo que los usuarios recibirán una compensación proporcional a esa recuperación limitada.

Asimismo, la estrategia de no repartir las pérdidas entre toda la comunidad responde a un objetivo de protección. Al compensar únicamente con lo recuperado de los atacantes, el protocolo salvaguarda tanto a los otros participantes como a la tesorería de la DAO, evitando una posible insolvencia sistémica. 

Aunque esta decisión puede parecer dura para quienes perdieron fondos directamente, busca mantener la viabilidad y estabilidad operativa de la plataforma a largo plazo. Además, se establece claramente que no se extraerá liquidez de pools seguros para cubrir las pérdidas de los vulnerados, manteniendo así intactos los fondos de los usuarios no afectados.

Reclamaciones y recompensas: un nuevo estándar en recuperación de activos

Más allá de la distribución aritmética, la propuesta de Balancer destaca por la implementación rigurosa del acuerdo BIP-726, conocido como el «SEAL Safe Harbor Agreement». Este marco regulatorio interno ha sido la pieza clave para permitir la recuperación de los fondos. El acuerdo estipula incentivos claros para los actores que ayudan a rescatar capital, estableciendo una recompensa del 10% sobre los montos salvados, con un tope máximo de un millón de dólares por operación.

Este sistema profesionaliza la figura del «hacker de sombrero blanco» o white hat. Los desarrolladores de Balancer destacaron que, para acceder a la recompensa, estos actores deben someterse a procesos de identificación (KYC) y verificación de sanciones internacionales, alejando la operativa de la anonimidad absoluta que suele caracterizar al sector. En otras palabras, es un intento de alinear los incentivos de seguridad del protocolo DeFi con las normativas de cumplimiento financiero tradicionales.

Para los usuarios finales, el proceso de reclamación también incluirá requisitos formales. Se habilitará una ventana de 180 días para solicitar los fondos mediante un mecanismo digital que requerirá la firma de exenciones de responsabilidad. 

Al aceptar el reembolso, los proveedores de liquidez deberán liberar al protocolo de futuras reclamaciones legales, cerrando así el ciclo de responsabilidad jurídica del incidente. Finalmente, si después de seis meses hay fondos sin reclamar, su destino será decidido en una nueva votación de gobernanza, evitando que queden sin uso indefinidamente.