Comprar café con Bitcoin seguirá siendo un dolor de cabeza fiscal según esta nueva propuesta de ley

El Bitcoin Policy Institute (BPI) ha presentado una postura crítica frente al borrador revisado de la llamada Ley PARITY, advirtiendo que sus disposiciones actuales podrían comprometer la competitividad tecnológica de Estados Unidos al imponer desventajas fiscales directas sobre Bitcoin y la actividad minera.

La organización manifestó formalmente su oposición al reciente borrador de la Ley de Paridad de Activos Digitales (Digital Asset PARITY Act), presentado el pasado 26 de marzo. A través de una declaración detallada, la organización ha calificado la propuesta legislativa como un retroceso que, bajo su redacción actual, representa una amenaza para el liderazgo tecnológico que Estados Unidos busca consolidar en la industria de los activos digitales. 

Aunque el BPI reconoció la apertura al diálogo por parte de los legisladores, enfatizó que el documento «se mueve en la dirección equivocada» al establecer un marco de competencia desigual.

Bitcoin se excluye de la exención de pagos cotidianos

Uno de los pilares de la crítica del BPI reside en la gestión del alivio fiscal de minimis. El borrador actual propone una exención de hasta 200 dólares para transacciones realizadas con stablecoins de pago, pero excluye explícitamente a Bitcoin. Según la organización, esta decisión técnica tiene implicaciones profundas para el uso cotidiano de la criptomoneda más grande del mercado, la cual representa aproximadamente el 60% de la capitalización total del sector.

Desde la perspectiva del instituto, esta distinción impide que Bitcoin madure como un medio de intercambio global. Bajo las reglas propuestas, cualquier ciudadano estadounidense que utilice Bitcoin para adquirir bienes básicos, como una taza de café, seguiría sujeto a un complejo cálculo de ganancias de capital por cada transacción. El BPI sostiene que una legislación que pretenda promover la «paridad» debe incluir necesariamente a Bitcoin en estas exenciones para no penalizar a los usuarios que optan por activos descentralizados en lugar de representaciones digitales de monedas fiduciarias.

Asimismo, la organización argumenta que favorecer exclusivamente a las stablecoins crea un entorno de «ganadores y perdedores» diseñado artificialmente por el marco legal. Al no otorgar el mismo trato de exención para pequeñas compras, se desincentiva la adopción de Bitcoin como dinero neutral, relegándolo a un vehículo de inversión con fricciones operativas que las stablecoins, a menudo vinculadas a grandes corporaciones financieras, no tendrían que enfrentar.

La Ley PARITY agrava el desafío fiscal para la minería digital

El segundo punto de conflicto identificado por el Bitcoin Policy Institute en el borrador de la Ley PARITY se encuentra en la Sección 8 del texto regulatorio, que introduce un marco de aplazamiento fiscal para nuevos activos digitales creados. La normativa limita este beneficio a los denominados «validadores pasivos», definidos como aquellos participantes que no tienen gastos comerciales deducibles. Esta definición técnica excluye estructuralmente a los mineros de Bitcoin.

A diferencia de los sistemas de Prueba de Participación o Proof-of-Stake, donde los validadores pueden tener gastos mínimos, la minería de Bitcoin bajo el protocolo de Prueba de Trabajo o Proof-of-Work requiere inversiones masivas en infraestructura, hardware especializado y energía eléctrica. Al vincular el beneficio fiscal a la ausencia de gastos deducibles, la ley deja fuera a la industria que asegura la red Bitcoin.

«El resultado es un proyecto de ley llamado ‘Ley PARITY’ que promueve cualquier cosa menos eso», señaló el Instituto en su comunicado. 

Según la organización, esto crea un régimen fiscal de dos niveles: ofrece el aplazamiento de impuestos a quienes realizan staking, mientras mantiene a los mineros atrapados en el problema de los «ingresos fantasma», donde deben tributar por activos recién creados antes de haberlos vendido para cubrir sus costos operativos. El BPI recordó que el Congreso ya había reconocido la necesidad de solucionar este desajuste a finales del año pasado, pero advierte que este borrador, lejos de corregirlo, agrava la situación.

¿Una amenaza para la innovación digital en EE. UU.?

Para el Bitcoin Policy Institute, la Ley PARITY, tal como está redactada, no solo afecta la contabilidad de las empresas, sino que pone en riesgo el objetivo de Estados Unidos de posicionarse como la jurisdicción líder para la innovación en activos digitales. La organización sostiene que el código tributario no debe «jugar a los favoritos» entre diferentes mecanismos de consenso tecnológico.

Al penalizar el modelo PoW en favor de PoS, el marco legal estaría discriminando al activo digital más ampliamente capitalizado, distribuido y asegurado del mundo. El BPI también destaca que los sistemas de staking presentan complejidades regulatorias distintas y, en ocasiones, mayores que la minería, por lo que no existe una base técnica o económica sólida para otorgarles privilegios fiscales exclusivos.

Por lo tanto, basado en su análisis, la solución propuesta por el Instituto es restablecer la exención general conocida como de minimis para todas las criptomonedas y aplicar las mismas reglas de diferimiento de impuestos a quienes obtienen recompensas, sin importar si provienen de la minería o del proceso de validación de bloques. El BPI instó a los patrocinadores del proyecto de ley a revisar estas disposiciones antes de que el proceso legislativo avance, subrayando que la neutralidad tecnológica es esencial para que Estados Unidos mantenga su soberanía en el nuevo orden financiero digital.