Tensión en el Capitolio: La industria cripto califica de «poco clara» la última versión de la Ley Clarity

La actualización del borrador de la Ley Clarity en el Senado de EE. UU. desató alarmas en el sector cripto al prohibir rendimientos en stablecoins para proteger los depósitos bancarios tradicionales. Analizamos el impacto de esta medida en la innovación Web3 y el ecosistema DeFi.

Una nueva revisión del borrador de la Ley Clarity ha provocado inquietud entre los actores del ecosistema Web3. Tras su publicación, la atención del mercado se ha centrado en una modificación que cambia el sentido de la regulación, al incluir una prohibición que limita la posibilidad de obtener rendimientos en stablecoins simplemente por mantenerlas en una cartera.

Esta prohibición, como ha informado este medio, surge debido a la preocupación del sistema financiero tradicional, que percibe en estos activos digitales un riesgo de competencia para los depósitos bancarios. 

Los bancos temen a la posibilidad de pagar rendimientos a los titulares de stablecoins, debido a que una parte del ahorro podría verse favorecido a migrar hacia plataformas con procesos más ágiles y menores costos operativos. Frente a ese panorama, los legisladores buscan fijar un marco que mantenga el equilibrio del mercado, planteando que las stablecoins sean empleadas exclusivamente como instrumentos de pago, sin funciones que puedan asemejarlas a productos financieros o de ahorro.

La Ley Clarity y su postura sobre las recompensas en stablecoins

Como ha estado informando este medio, el principal punto de fricción en el texto de la Ley Clarity ha sido, durante meses, la interpretación de lo que constituye un rendimiento en las monedas estables. 

Sin embargo, según los informes derivados de las revisiones a puerta cerrada en el Capitolio el lunes, la nueva versión de la normativa es tajante con relación a esto, prohibiendo cualquier pago o recompensa basado únicamente en el volumen de activos depositados en una billetera digital. La intención, según legisladores como Angela Alsobrooks y Thom Tillis, es evitar que las stablecoins compitan directamente con las cuentas de ahorro bancarias. Días atrás, Alsobrooks había hablado sobre la importancia de avanzar hacia la claridad regulatoria en el mercado cripto, manifestando que, para lograrlo, era necesario que ambas partes, tanto la banca como la industria de las criptomonedas, hicieran sacrificios a fin de alcanzar un compromiso que fuera aceptable. 

Ahora bien, según los reportes de expertos como Eleanor Terrett, presentadora de Crypto in America, la actual distinción técnica en el borrador de ley está generando una incertidumbre jurídica significativa. El borrador indica que la ley permitiría ciertos programas de recompensas con stablecoins, siempre y cuando estos estén vinculados a «actividades específicas» del usuario. El problema para la industria cripto es que el borrador no define con precisión qué acciones califican como actividad y qué constituye una gratificación pasiva. La comunidad cripto cree que esta ambigüedad es un campo minado, ya que una plataforma que, por ejemplo, recompense a quienes usan stablecoins en transacciones frecuentes, no tiene claro si ese tipo de estímulo podría ser considerado un rendimiento financiero encubierto.

El sector bancario ha defendido esta postura argumentando que las plataformas cripto no deben ofrecer productos que imiten la arquitectura de las cuentas de ahorro sin someterse a las mismas obligaciones de reserva y seguros de depósito (como los de la FDIC). Este compromiso entre los senadores y la Casa Blanca busca proteger la estabilidad sistémica, pero el costo podría ser una asfixia operativa para las empresas que necesitan incentivar la liquidez para que sus redes funcionen correctamente. 

Según Terrett, parte de la comunidad cree que falta de claridad sobre cómo diseñar modelos de incentivos legales coloca a la industria cripto estadounidense en una posición de vulnerabilidad frente a jurisdicciones como la Unión Europea o Emiratos Árabes Unidos, donde los marcos regulatorios son más detallados. Mientras tanto, otros en la industria cripto creen que el borrador actual de la ley es «el mejor resultado posible», considerando la extensión del debate legislativo. 

Las implicaciones para el ecosistema de las finanzas descentralizadas

Otro punto de análisis en el borrador actual de la ley es el impacto que esta tendrá sobre los protocolos de finanzas descentralizadas. Si bien la restricción de rendimientos de la Ley Clarity se enfoca en emisores de stablecoins, la misma afecta la liquidez de todo el mercado. 

Además, el texto legislativo actual también aborda la supervisión de la infraestructura tecnológica, aunque los detalles finales sobre la clasificación de ciertos protocolos aún están pendientes. Los miembros del Comité Bancario han señalado que el objetivo es garantizar la integridad financiera y evitar riesgos sistémicos. No obstante, desde la perspectiva de los desarrolladores, imponer límites tan rígidos a la generación de valor dentro de las redes blockchain podría limitar el desarrollo de nuevas herramientas de pago y remesas transfronterizas.

Mientras tanto, el reloj legislativo avanza rápidamente. El Comité Bancario del Senado tiene marcado en el calendario el periodo posterior al receso de Pascua, en abril, para iniciar las audiencias de votación. Sin embargo, antes de que el texto llegue al pleno, debe superar pruebas críticas, incluyendo la resolución de disputas sobre protección de datos y prevención de actividades ilícitas, temas donde el ala demócrata se mantiene vigilante.

Por su parte, la industria espera la publicación de un estudio económico realizado por el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Según los reportes preliminares mencionados por fuentes del sector, dicho estudio analiza si realmente existe un riesgo de fuga de depósitos desde los bancos hacia las stablecoins o si ambos sectores pueden coexistir sin canibalizarse. La divulgación de estos datos será fundamental para que los legisladores decidan si mantienen las restricciones actuales establecidas en el borrador de ley o si permiten una apertura controlada para las recompensas digitales.