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La Casa Blanca confirma la Reserva Estratégica de Bitcoin en medio de la tormenta legal de CLARITY Act.

La Casa Blanca confirma la Reserva Estratégica de Bitcoin en medio de la tormenta legal de CLARITY Act.

Estados Unidos confirma los planes para establecer una Reserva Estratégica de Bitcoin bajo la dirección de Patrick Witt, mientras el sector financiero evalúa el impacto de la Ley CLARITY en la regulación de activos digitales.

El gobierno de Estados Unidos ha ratificado su intención de integrar Bitcoin dentro de sus activos de respaldo nacional. Patrick Witt, director ejecutivo del consejo asesor de la Casa Blanca para criptoactivos, informó que la creación de una Reserva Estratégica de Bitcoin es una prioridad operativa de la actual administración. 

Durante una entrevista concedida al programa Crypto In America la semana pasada, Witt explicó que el proyecto no se limita a una idea sobre el papel. En realidad, representa un trabajo conjunto entre distintas áreas del gobierno federal para sentar las bases legales y operativas que permitan su implementación definitiva.

Este movimiento hacia la consolidación de la reserva cripto del país busca transformar la gestión de los recursos financieros, utilizando la tecnología blockchain para diversificar el patrimonio público y establecer un fondo de valor a largo plazo que responda a las dinámicas de la economía digital contemporánea.

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Estados Unidos convierte a Bitcoin en pilar de su reserva nacional

La propuesta de una Reserva Estratégica de Bitcoin nacional no es una idea nueva, aunque su implementación ha despertado preguntas sobre los activos digitales que el gobierno ya mantiene bajo su control. Witt explicó que los comentarios sobre una posible venta de criptomonedas vinculadas a procesos judiciales, como el caso de Samourai Wallet, surgieron por interpretaciones erróneas de documentos legales habituales.

De acuerdo con sus declaraciones, el Departamento de Justicia ha estructurado sus acuerdos de forma que el Estado conserve la titularidad de los activos digitales sin necesidad de venderlos. Esa medida permite mantener los fondos intactos y alineados con el plan de guardar Bitcoin como una reserva a largo plazo. 

Durante el fin de semana, Witt confirmó que los 6,4 millones de dólares confiscados en el caso de Samourai Wallet serán añadidos a la reserva estratégica de BTC, como lo ordenó el presiente Donald Trump en marzo del año pasado a través de la Orden Ejecutiva 14233. Por medio de esta medida, el gobierno busca ampliar su reserva digital sin alterar el presupuesto público, evaluando mecanismos financieros que le permitan reforzar su posición en el mercado sin generar presiones fiscales.

De este modo, la administración pretende construir un respaldo sólido en Bitcoin que funcione como protección ante la volatilidad global y como símbolo de su apuesta por una economía digital más moderna y resiliente. A la fecha, tenencia de Bitcoin de Estados Unidos asciende a 328.372 BTC, valorados en más de 30.400 millones de dólares, a precios actuales. 

Tenencia de Bitcoin por parte del gobierno de Estados Unidos.
Fuente: Bitcoin Treasuries
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El debate por la Ley CLARITY enfrenta a legisladores y líderes del sector cripto

Mientras el Ejecutivo avanza en la acumulación de activos, el entorno legislativo enfrenta un debate intenso por la Ley CLARITY (Digital Asset Market Clarity Act). Aunque empresas y fundaciones han mostrado interés en regresar a la jurisdicción estadounidense debido a la apertura del gobierno a la industria, el texto de esta ley ha generado divisiones. La propuesta regulatoria busca otorgar un marco de reglas claras, pero diversos actores del sector advierten sobre los riesgos de un exceso de autoridad regulatoria.

La principal controversia radica en las facultades que la ley otorga a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Voces relevantes de la industria cripto, como Brian Armstrong, argumentan que la redacción actual podría imponer restricciones severas a las finanzas descentralizadas (DeFi) y a la emisión de activos tokenizados. El temor de varios expertos reside en que un marco legal demasiado rígido desincentive el desarrollo tecnológico que el propio gobierno intenta promover mediante la reserva estratégica de Bitcoin y de activos digitales.

No obstante, a pesar de las críticas, también existe un consenso sobre la necesidad de certidumbre jurídica. Los legisladores y la comunidad cripto debaten para encontrar un punto medio que garantice la protección del inversor sin asfixiar la capacidad de innovación de las empresas locales en el ecosistema digital. 

EE. UU. ante una nueva era financiera

La incorporación de Bitcoin a las reservas federales representa, sin duda, un paso decisivo en la evolución de la política monetaria estadounidense. Los avances presentados por Patrick Witt recientemente sugieren que la adopción de activos digitales en las finanzas públicas es un proceso sólido, aunque su consolidación definitiva está vinculada a la estabilidad que pueda ofrecer el Senado mediante leyes coherentes. 

El equilibrio entre una reserva estatal fuerte y una regulación cripto justa será el factor determinante para la relevancia económica del país en las próximas décadas.

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