El borrador de la Ley CLARITY está generando debate en Estados Unidos por prohibir el rendimiento pasivo en stablecoins, mientras los bancos advierten de riesgos y la industria defiende la competitividad.
El escenario legislativo de los activos digitales en Estados Unidos atraviesa momentos de alta tensión y negociación política a medida que se definen las reglas del juego para la próxima década. La atención del sector financiero se ha centrado esta semana en la postergación de la votación de la denominada Ley CLARITY, un proyecto de estructura de mercado que busca poner fin a la incertidumbre regulatoria, pero que ha despertado una fuerte disputa entre la banca tradicional y los emisores de criptomonedas.
Aunque se esperaba una resolución inmediata, fuentes cercanas al proceso legislativo confirmaron que la votación ha sido reprogramada para finales de enero de 2026, lo que otorga un margen adicional para el cabildeo y la discusión de uno de los puntos más controversiales del texto como lo es la prohibición del rendimiento pasivo en las tenencias de monedas estables.
La normativa propuesta ha encendido las alarmas tanto en Wall Street como en el ecosistema cripto debido a las implicaciones que tendrá sobre cómo los usuarios interactúan con las stablecoins. El núcleo del conflicto reside en una disposición que impide a los emisores de estas monedas estables pagar intereses a los usuarios simplemente por mantener los tokens en sus billeteras. Esta medida representa una victoria parcial para las instituciones bancarias tradicionales, las cuales han argumentado durante mucho tiempo que permitir estos pagos sin una licencia bancaria federal constituye un riesgo sistémico y una competencia desleal frente a los depósitos asegurados.
Opera stablecoins y adelántate a la regulaciónFuerte tensión entre la banca tradicional y la industria cripto
La postura de la banca fue articulada recientemente por Jeremy Barnum, director financiero de JPMorgan Chase & Co., quien aprovechó una llamada de resultados corporativos para advertir sobre los peligros de lo que denominó un sistema bancario en la sombra. Según las declaraciones del ejecutivo, permitir que empresas tecnológicas ofrezcan productos que se asemejan a depósitos con intereses, pero sin las salvaguardas prudenciales que la banca ha desarrollado durante cientos de años, resulta una práctica indeseable y potencialmente peligrosa para la estabilidad financiera.
Barnum enfatizó que si un producto cripto luce y funciona como una cuenta bancaria, debería estar sujeto a las mismas regulaciones estrictas.
Sin embargo, el proyecto de ley en cuestión no elimina todas las formas de ingresos para los usuarios de criptomonedas, lo que ha generado un terreno de negociación complejo. El borrador de la legislación prohíbe el rendimiento pasivo derivado de la mera tenencia de monedas estables, pero permite explícitamente recompensas vinculadas a actividades específicas dentro del ecosistema digital. Esto significa que los usuarios aún podrían obtener beneficios por utilizar sus stablecoins en procesos de transferencia, pagos, remesas o al proveer liquidez en protocolos de finanzas descentralizadas. Esta distinción busca diferenciar entre lo que sería un producto de inversión pasiva similar a un valor y una utilidad operativa dentro de la economía cripto.
Desde la perspectiva de la industria, representada por organizaciones como la Blockchain Association, esta restricción es vista con preocupación estratégica. Dan Spuller, vicepresidente ejecutivo de dicha asociación, argumentó que limitar las recompensas en las stablecoins basadas en dólares podría debilitar la posición de la moneda estadounidense a nivel global.
El temor de la industria cripto es que, al restringir los incentivos económicos de los dólares digitales regulados en Estados Unidos, se otorgue una ventaja competitiva inadvertida a las monedas digitales de bancos centrales extranjeros o a stablecoins emitidas en jurisdicciones con marcos legales más flexibles.
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Más allá de la controversia sobre los rendimientos en monedas estables, la Ley CLARITY también introduce un cambio significativo en el tratamiento legal de los desarrolladores de software, un punto que ha sido recibido con alivio por los defensores de la privacidad y la descentralización. El borrador actual incluye protecciones para evitar que los creadores de software no custodial sean procesados bajo las leyes de transmisión de dinero.
Este cambio legislativo responde directamente a casos judiciales recientes, como el juicio contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, y las condenas contra los desarrolladores de Samourai Wallet, quienes fueron acusados de operar negocios de transmisión de dinero sin licencia por el simple hecho de escribir y publicar código.
Bajo la nueva normativa propuesta, se establece una diferencia clara entre tener el control de los fondos de un usuario y simplemente proveer la herramienta tecnológica para que el usuario gestione sus activos. Los protocolos verdaderamente descentralizados tendrían obligaciones mínimas bajo esta ley, alejándose de la teoría legal que los fiscales han utilizado en el último año para perseguir a los creadores de mezcladores y billeteras privadas. No obstante, las interfaces centralizadas que facilitan el acceso a estos protocolos descentralizados sí tendrán que cumplir con requisitos de vigilancia para combatir el lavado de dinero y el cibercrimen, bloqueando direcciones sancionadas y monitoreando transacciones sospechosas.
Por otro lado, la legislación aborda la eterna disputa jurisdiccional entre la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. Durante años, ambas agencias han competido por definir quién debe supervisar los activos digitales y sus transacciones. Esta normativa plantea una línea divisoria más precisa entre los valores y las materias primas digitales, ofreciendo a los participantes del mercado una base jurídica más predecible. Con ello, se espera una mayor transparencia regulatoria y una ruta más segura para la innovación dentro del ecosistema cripto en Estados Unidos.
Compra cripto en Bit2Me y opera hoy mismoEl mercado a la expectativa ante la votación de finales de enero
El aplazamiento de la votación de la Ley CLARITY hasta finales de enero otorga a los legisladores y a los grupos de interés unos días cruciales para refinar el lenguaje del texto.
Patrick Witt, funcionario de la Casa Blanca, sugirió en redes sociales que el acuerdo actual representa un compromiso inevitable donde ambas partes, tanto la banca tradicional como el sector cripto, obtienen beneficios y concesiones. Para los bancos, se cierra la puerta al rendimiento pasivo no regulado que amenazaba su modelo de depósitos; para el sector cripto, se obtiene claridad legal para los desarrolladores y un camino regulado para operar en la mayor economía del mundo.
La comunidad financiera se mantiene a la expectativa de la versión final que emanará del Comité de Agricultura y del Comité Bancario. La aprobación de esta ley marcaría el fin de la era de la ambigüedad regulatoria en Estados Unidos, estableciendo un marco formal que, si bien impone restricciones notables sobre los modelos de ingresos pasivos con stablecoins, legitima la infraestructura tecnológica subyacente y protege el acto de escribir código como una actividad distinta a la intermediación financiera.
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