El fundador de Ethereum respalda a Roman Storm ante el tribunal: «Escribir código es un acto de libertad»

Vitalik Buterin está defendiendo a Roman Storm ante la justicia, argumentando que la privacidad en blockchain es un derecho esencial y destacando el riesgo para los desarrolladores de código abierto.

El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, ha intervenido directamente en uno de los procesos judiciales más vigilados por la industria tecnológica. Recientemente, envió una carta de apoyo al juez encargado del caso de Roman Storm, el desarrollador y cofundador de Tornado Cash, que se encuentra actualmente a la espera de una sentencia en Estados Unidos tras haber sido hallado culpable en agosto por un jurado federal bajo el cargo de conspiración para operar un servicio de transmisión de dinero sin licencia. 

Aunque la fiscalía no logró asegurar condenas por los cargos de lavado de dinero y violación de sanciones, el ingeniero de software enfrenta una pena potencial de hasta cinco años de prisión, en un caso que ha encendido las alarmas sobre la libertad de programación y la privacidad financiera.

Por ello, la intervención de Buterin no es un hecho menor, pues representa una de las voces más influyentes del ecosistema cripto posicionándose frente al sistema judicial estadounidense. 

En su misiva, el creador de Ethereum argumenta que el juicio contra Storm sienta un precedente peligroso donde la creación de herramientas neutrales de software se confunde con la actividad criminal directa. Tornado Cash, el protocolo en el centro de la controversia, es un mezclador de criptomonedas de autocustodia que permite anonimizar transacciones en la red Ethereum, una función que los fiscales catalogaron como instrumental para el lavado de más de 1.000 millones de dólares en fondos ilícitos. Sin embargo, para Buterin y una gran parte de la comunidad técnica, Storm simplemente construyó una infraestructura necesaria para la seguridad personal en la era digital.

La privacidad en blockchain como defensa contra la vulnerabilidad moderna

En el cuerpo de su carta, Buterin articula una defensa que trasciende lo técnico y entra en el terreno de los derechos civiles. El informático ruso-canadiense sostiene que la capacidad de elegir con quién compartimos nuestra información financiera y personal es una protección esencial en el siglo XXI. Argumenta que esta postura no es radical, sino un intento de recuperar las protecciones que existían por defecto en el mundo físico de 1950, donde las conversaciones privadas y el uso de dinero en efectivo no dejaban un rastro digital permanente accesible para corporaciones y gobiernos.

Buterin fue enfático al rechazar la idea de que la privacidad debe sacrificarse en aras de la seguridad nacional o el cumplimiento normativo. Explicó al tribunal que las bases de datos gubernamentales y corporativas son vulneradas con frecuencia, lo que expone a los ciudadanos a riesgos físicos y comerciales por parte de actores hostiles. 

Para ilustrar su punto, reveló su propio uso de la herramienta creada por Storm. Buterin detalló cómo utilizó el software para realizar donaciones a organizaciones benéficas que protegen derechos humanos y para adquirir software personal, todo ello sin que su identidad quedara expuesta en registros centralizados que podrían ser utilizados en su contra.

Además de la defensa ética, Buterin elogió la calidad técnica y la integridad profesional de Storm. Destacó que el código escrito por el acusado sigue siendo funcional y seguro años después de que él dejara de mantenerlo activamente, una característica de durabilidad que contrasta con la mayoría de los productos tecnológicos de consumo actuales. 

Para los desarrolladores de código abierto, este argumento resalta que la responsabilidad de Storm terminó en la creación de una herramienta robusta y neutral, y no en el uso indebido que terceros pudieran darle posteriormente.

Un frente unido de capital y política ante la persecución legal

El respaldo moral ha ido acompañado de un flujo significativo de recursos económicos destinados a la batalla legal. El propio Buterin realizó una contribución de 50 ETH al fondo de defensa legal de Storm en diciembre de 2024, sumándose a los esfuerzos institucionales de la Fundación Ethereum y otras entidades. El sector ha interpretado este juicio como un ataque existencial a la privacidad en blockchain, lo que ha motivado donaciones cruzadas entre competidores habituales. 

Un ejemplo notable fue la aportación del Solana Policy Institute en agosto de 2025, demostrando que la defensa de los derechos de los desarrolladores supera las rivalidades de mercado.

A la fecha, el fondo de defensa de Storm, impulsado también por iniciativas como la de Keyring, ha logrado recaudar más de 6 millones de dólares, principalmente durante el año 2025. Este capital ha sido vital para enfrentar una ofensiva legal que parece coordinada a nivel global. 

El caso de Storm avanza en paralelo a la condena de Alexey Pertsev en los Países Bajos y las sentencias de prisión dictadas contra los fundadores de Samourai Wallet en Estados Unidos. Estas acciones han consolidado la percepción de que las autoridades buscan responsabilizar a los arquitectos del software por los delitos financieros cometidos por los usuarios de sus plataformas.

La batalla legislativa por el derecho a programar código

La sentencia de Roman Storm, pendiente de definición, llegará en un momento de intensa fricción política. La industria ha movilizado a sus lobbistas para exigir al Congreso de Estados Unidos que clarifique que la escritura de código está protegida bajo la Primera Enmienda y no debe ser tratada como una actividad financiera regulada per se. 

Más de un centenar de organizaciones han advertido a los legisladores que la innovación digital estadounidense corre peligro si los ingenieros deben temer penas de cárcel por publicar software de privacidad.

Mientras el poder judicial avanza con condenas, el poder ejecutivo ha mostrado señales mixtas. Aunque el Departamento de Justicia mantiene una línea dura, recientes declaraciones desde la esfera política, incluyendo comentarios del presidente Donald Trump sobre la evaluación de indultos en casos similares, sugieren que el debate sobre la criptografía y la libertad individual está lejos de cerrarse. 

La carta de Vitalik Buterin no solo busca la clemencia para un colega, sino establecer que en una sociedad libre, las herramientas que garantizan la privacidad deben ser legales, accesibles y, sobre todo, defendibles ante un tribunal.