El estado de Florida está impulsando un proyecto de ley que autoriza inversiones públicas en Bitcoin y blockchain, además de pagos de impuestos en criptomonedas, con el fin de consolidar su liderazgo financiero en 2026.
La legislatura de Florida abrió su sesión de 2026 con un proyecto de ley que busca transformar la manera en que el estado gestiona sus recursos financieros. El proyecto en cuestión, denominado Ley 183 (HB 183), propone autorizar al director financiero estatal a invertir una parte de los fondos públicos en activos digitales como Bitcoin y productos cotizados en bolsa vinculados a criptomonedas.
Esta legislación también contempla la posibilidad de que los ciudadanos paguen impuestos y tarifas estatales utilizando criptoactivos, lo que marcaría un paso relevante en la modernización de los sistemas de pago gubernamentales en el estado.
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El proyecto de ley HB 183 establece que hasta un diez por ciento de fondos clave, incluidos el Fondo de Ingresos Generales y el Fondo de Estabilización Presupuestaria, pueda destinarse a activos digitales como Bitcoin. La Junta Estatal de Administración tendría además la facultad de invertir hasta un diez por ciento del Fondo Fiduciario del Sistema de Jubilación de Florida en este tipo de instrumentos financieros.
La propuesta de ley define con claridad qué activos digitales serían elegibles, incluyendo Bitcoin, valores tokenizados y tokens no fungibles o NFT. Para garantizar seguridad y transparencia, se fijan normas estrictas de custodia que permiten que los activos sean administrados directamente por el CFO, por custodios calificados o a través de ETFs registrados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
Uno de los puntos más relevantes es la conceptualización de Bitcoin como reserva de valor y cobertura contra la inflación. Esta visión se alinea con la orden ejecutiva emitida por la Casa Blanca en marzo de 2025, con la que se creó la Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin. Aunque dicha reserva se limita a los bitcoins incautados por el estado y sus agencias federales, su existencia ha reforzado la idea de que este activo digital puede desempeñar un papel estratégico en las finanzas públicas.
La entrada en vigor del proyecto, en caso de aprobación, está prevista para el 1 de julio de 2026. Con ello, Florida se posicionaría como uno de los primeros estados en integrar Bitcoin y blockchain en la gestión de fondos públicos, consolidando su reputación como centro de innovación financiera.
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El proyecto de ley en cuestión no solo amplía las oportunidades para la inversión institucional en criptomonedas, sino que también permite a los ciudadanos realizar pagos de impuestos y tarifas estatales utilizando criptoactivos. Estos pagos se convertirían automáticamente a dólares estadounidenses, lo que asegura estabilidad en las finanzas públicas y evita complicaciones contables. Sin embargo, la iniciativa ofrece a los contribuyentes una mayor flexibilidad de opciones, sin sacrificar la solidez fiscal del estado.
Esta propuesta forma parte de una tendencia que ha tomado fuerza a nivel nacional durante este año. Estados como Arizona, Nuevo Hampshire y Texas reforzaron sus marcos legales con medidas similares, mientras que otros estados vieron proyectos de ley quedarse en espera debido al cierre de sus sesiones legislativas. Datos del sitio especializado Bitcoin Laws indican que más de cincuenta propuestas relacionadas con reservas en Bitcoin fueron presentadas en distintas entidades federativas durante el último año, y se proyecta un aumento en estas iniciativas para 2026.
La propuesta de Florida refleja un interés creciente en integrar blockchain y Bitcoin en las políticas económicas estatales. Más allá de la innovación tecnológica, la medida busca atraer inversión y talento, fortaleciendo la posición del estado como referente en el ecosistema financiero digital.
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El Proyecto de Ley 183 aún debe superar varias etapas legislativas, incluyendo su revisión en comités, el debate en la Cámara estatal y la aprobación final en el Senado y por parte del gobernador. Sin embargo, su sola presentación ya ha generado expectativas en el sector financiero y tecnológico.
De concretarse, la iniciativa marcaría un avance significativo en la integración de activos digitales en las finanzas públicas, y convertiría a Florida en un modelo para otros estados que exploran políticas similares, reforzando su papel como líder en innovación financiera.
La combinación de inversión institucional en Bitcoin y la aceptación de criptomonedas para pagos tributarios podría abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico y consolidar la reputación del estado como un espacio atractivo para las empresas y profesionales vinculados al mundo digital.
Por lo tanto, el futuro de Florida en 2026 se perfila como un escenario donde blockchain y Bitcoin no solo forman parte del mercado privado, sino también del corazón de las políticas públicas.
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