Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, ha dicho que no firmará la ley cripto, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado mes, si esta no garantiza el estricto cumplimiento de las normativas AML, contra el lavado de dinero.
El proyecto de ley cripto impulsado por el diputado panameño Gabriel Silva, para legalizar las criptomonedas en el país, se ha encontrado con el rechazo del actual presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.
En medio de una de las peores caídas del criptomercado y de informes de aumento de las actividades ilícitas en protocolos de DeFi, el presidente Cortizo señaló que el proyecto de ley cripto de Panamá, al que catalogó de positivo e innovador para el país, debe ser capaz de garantizar el cumplimiento de las normativas existentes para la prevención del lavado de dinero y el blanqueo de capitales a través de las criptomonedas.
Durante la conferencia Bloomberg New Economy Gateway Latin America, realizada en Panamá esta semana, Cortizo señaló que lo más probable es que no llegue a firmar la ley cripto en su estado actual.
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La ley cripto de Panamá incluye las recomendaciones del GAFI
Por su parte, el diputado Silva, principal promotor del proyecto de ley N° 697, defiende que dicha legislación incluye artículos con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para garantizar el cumplimiento AML y reducir el riesgo de lavado de dinero con los activos digitales.
En Twitter, el diputado panameño precisó que no tener una ley cripto que regule el tema de manera precisa “es justo lo que nos puede poner en una lista negra” del GAFI, haciendo referencia a las clasificaciones de alto riesgo que hace el organismo de acuerdo a las deficiencias de las legislaciones de sus países miembros.
“No debemos esperar que nos sancionen para luego actuar”, manifestó el diputado.
El proyecto de ley en cuestión, que convertirá a Panamá en el próximo país en dar curso legal a Bitcoin, regulará la comercialización y el uso de criptomonedas, así como la emisión de valores digitales y la tokenización de metales preciosos y de otros bienes. Todo esto con el fin de impulsar el desarrollo tecnológico y la digitalización en Panamá.
Asimismo, el proyecto de ley cripto señala que las empresas y proveedores de servicios con activos virtuales en el país deberán cumplir con las medidas establecidas en los mecanismos de prevención y control de las actividades ilícitas, como el blanqueo de capitales, la financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, según lo establecido en la Ley 23 de 2015.
En el artículo 17, este proyecto de ley detalla que será la Superintendencia de Bancos el organismo encargado de velar por el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI en materia de prevención de lavado de dinero y blanqueo de capitales.
La ley de criptomonedas fue aprobada por unanimidad de la Asamblea Nacional de Panamá el pasado 28 de abril. No obstante, se requiere de la firma del presidente Laurentino Cortizo para su publicación formal y entrada en vigencia.
Desde su aprobación por parte de la Asamblea, Cortizo cuenta con 30 días para firmar el proyecto y convertirlo oficialmente en ley.
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